Según recoge el diario británico The Guardian, en el Reino Unido 85 “tribunales” aplican la sharia, la ley islámica, según confirma un informe publicado por el think-tank Civitas.
Según el documento, hay tribunales y ayuntamientos que están recurriendo a la ley islámica para resolver asuntos domésticos y de negocios, algo que puede dar paso a una situación en la que se aplicará una ley para musulmanes y otra para los que no son musulmanes, según el autor del informe, Denis MacEoin.
MacEoin afirma que “Esta no es una cuestión de comer carne halal o de buscar la bendición de Dios en el matrimonio. Es un desafío sobre lo que creemos son los derechos y libertades del individuo, de nuestro concepto de un sistema legal basado en lo que promulga el Parlamento, y en el derecho de todos nosotros de vivir en una sociedad tan libre como sea posible de división étnica-religiosa”.
Entre las situaciones en las que se recurrió a estos tribunales islámicos están la de prohibir a una mujer musulmana poder casarse con un no musulmán a menos que se convirtiera al Islam y la retirada de derechos de propiedad de una mujer en caso de divorcio.
Fuente: Minuto Digital
Según el documento, hay tribunales y ayuntamientos que están recurriendo a la ley islámica para resolver asuntos domésticos y de negocios, algo que puede dar paso a una situación en la que se aplicará una ley para musulmanes y otra para los que no son musulmanes, según el autor del informe, Denis MacEoin.
MacEoin afirma que “Esta no es una cuestión de comer carne halal o de buscar la bendición de Dios en el matrimonio. Es un desafío sobre lo que creemos son los derechos y libertades del individuo, de nuestro concepto de un sistema legal basado en lo que promulga el Parlamento, y en el derecho de todos nosotros de vivir en una sociedad tan libre como sea posible de división étnica-religiosa”.
Entre las situaciones en las que se recurrió a estos tribunales islámicos están la de prohibir a una mujer musulmana poder casarse con un no musulmán a menos que se convirtiera al Islam y la retirada de derechos de propiedad de una mujer en caso de divorcio.
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