La Consejería de Presidencia y Justicia va a poner en marcha una serie de medidas relacionadas con la mejora de las infraestructuras judiciales de la comunidad y el refuerzo y reorganización del personal, con el objetivo de "mejorar la calidad" de este servicio público y la situación de sus trabajadores, contando para ello con la colaboración de los ayuntamientos y la "voluntad" de llegar a "acuerdos y consensos" con los sindicatos.
Así lo señaló el consejero, Vicente Mediavilla, en una rueda de prensa en la que hizo balance de la ronda de visitas a los partidos judiciales de Cantabria que ha realizado a lo largo de este pasado mes, una vez transferidas a la comunidad autónoma las competencias de Justicia el 1 de enero, con el fin de conocer la situación en cuanto a medios materiales y personales.
Según el consejero, las actuaciones ya previstas en materia de infraestructuras, como las que se van a llevar a cabo en Santander y Torrelavega, y otras nuevas dibujan un "ambicioso programa" que va a "cambiar la cara" a la Administración de Justicia en Cantabria. A estas mejoras se suman la incorporación de las nuevas tecnologías y la formación de los empleados públicos, entre otros.
"El panorama es ilusionante para el Gobierno de Cantabria", subrayó Mediavilla, quien se mostró convencido de que "a corto plazo, y sobre todo a medio y largo", la asunción de estas competencias va a redundar en un "mejor servicio público" y en una "evolución favorable" de la gestión prestada hasta ahora por el Ministerio de Justicia, que va a sufrir una "mejora notable".
En el mismo sentido se pronunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, quien confió en que la situación de la Justicia en Cantabria "dé un vuelco" y se mostró convencido de que el "conocimiento de la realidad" por parte de la Consejería permita "remediar más pronto que tarde la situación".
Junto a ellos comparecieron también la Fiscal Superior de Cantabria, Pilar Martín Nájera, y el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander, Eduardo Arasti, entre otros.
Según el análisis hecho por Mediavilla y Tolosa, los partidos judiciales de Santander y Torrelavega, que concentran el 80 por ciento de la actividad, son los que más problemas presentan, debido a la dispersión de su sedes. Por su parte los edificios de Laredo y Santoña no reúnen las condiciones necesarias, y en el caso de este último el Gobierno "estaría dispuesto", según Mediavilla, a construir una nueva sede si el Ayuntamiento cede los terrenos.
En cuanto al de Laredo, explicó que son necesarias obras de reforma y mantenimiento en el interior del edificio, algo que sería "bastante complicado" en el caso del de Santoña, por lo que ya se está estudiando, conjuntamente con el Ayuntamiento, una nueva construcción.
Sin embargo, los otros cuatro partidos judiciales: San Vicente de la Barquera, Reinosa, Medio Cudeyo y Castro Urdiales no presentan "ningún problema" en cuanto a infraestructuras y cuentan con edificios modernos y adecuados a sus necesidades.
Respecto a Santander y Torrelavega, Mediavilla destacó que son necesarias "soluciones de choque" a medio y largo plazo, ya previstas. Así, recordó que en la capital del Besaya se va a construir un único edificio judicial de 5.000 metros cuadrados de superficie, con un 30% de reserva para posibles nuevos órganos. La previsión es que las obras, presupuestadas entre 6,5 y 7 millones de euros, empiecen este año y estén finalizadas a finales de 2010,.
En cuanto a Santander, la construcción de las nuevas sedes del TSJC, la Audiencia y la Fiscalía en el edificio de Tabacalera comenzará, según sus cálculos, en el 2009 y finalizará en el 2011, con un coste inicial de 7 millones de euros, mientras que las obras que se están realizando en el Complejo Judicial de Las Salesas se espera estén concluidas este mismo año.
Dentro de las mejoras incluyó también el nuevo Instituto de Medicina legal, de 2.000 metros cuadrados de superficie y un presupuesto de 3 millones de euros, y que redundará en una mayor calidad del servicio y del trabajo de los médicos forenses.
Por otro lado, el consejero destacó que existen "carencias generalizadas" en el ámbito de los Registros Civiles, debido a una demanda "cada día mayor" provocada sobre todo por la influencia de la población inmigrante y a la que es necesario "dar una respuesta a corto plazo".
En cuanto a las necesidades en materia de personal, reiteró que la plantilla de los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Castro Urdiales deberá reforzarse "a corto plazo", y se contempla además la posibilidad de que se cree un tercer juzgado. En cuanto al resto de los partidos judiciales, señaló que se está haciendo un "análisis del conjunto" con el fin de diseñar un plan de efectivos.
No obstante, afirmó que determinados partidos ú órganos están "sobredotados" de personal y debe hacerse un "esfuerzo" para "optimizar la gestión de los recursos", ya que "tampoco" por aumentar el número de trabajadores se mejora el servicio, sino que "a veces es mejor realizar una reorganización de efectivos", dijo. Una vez hecho ese análisis será cuando se adopten medidas, tanto de redistribución como, en su caso, de incremento de las plantillas, precisó.
A este respecto, recordó que ya ha mantenido un encuentro con los sindicatos y también el director general de Justicia se ha reunido con ellos "4 ó 5 veces", lo que supone un "récord" teniendo en cuenta que no ha pasado un mes desde la asunción de las competencias y demuestra, a su juicio, el "interés" del Gobierno por "consensuar" medidas e "involucrar" a todo el personal de Justicia en este "proceso de modernización".
Añadió que en un "breve plazo" se constituirá la Mesa Sectorial y en ella se plantearán las "cuestiones sustanciales", al tiempo que confió en que se alcancen acuerdos y consensos en las negociaciones. Al respecto, indicó que así como le parece "injustificado" que se convocaran movilizaciones antes de asumir las competencias, posteriormente ha detectado un "buen ambiente negociador".
Fuente: diariocritico.com
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