La insolvencia y la morosidad provocadas por el desplome de la actividad económica que siguió a la crisis financiera internacional asfixian a los aragoneses. Según revela la última actualización del informe Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados aragoneses tramitan una media diaria de 76 demandas --106, si se calcula de lunes a viernes-- provocadas por el impago de hipotecas y la imposibilidad de las familias para afrontar pequeñas deudas.Los problemas judiciales de las familias y los particulares por falta de liquidez prácticamente se han triplicado en apenas tres años: los 10.001 procedimientos hipotecarios y monitorios presentados en todo el 2007, el año previo a la irrupción de los primeros efectos de la crisis en Aragón, se ven notablemente superados por los 13.766 generados en el primer trimestre del 2010, ejercicio en el que, de mantenerse el ritmo, superarán de largo los 27.000.
En esos tres años y medio se ha llegado a cuadruplicar el ritmo de ejecuciones hipotecarias, como consecuencia de las cuales han perdido sus viviendas más de 5.000 familias.
La remisión de este tipo de demandas a los juzgados era relativamente poco habitual en el 2007, cuando la media se situaba en torno a las diez por semana. El año pasado, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, rondaban el medio centenar por semana. En el primer semestre del 2010 se moderó la cadencia, si bien continuaba manteniéndose por encima de las 40 demandas semanales.
Prácticamente cuatro quintas partes de esos procedimientos hipotecarios --4.230 de 5.378-- se concentran en Zaragoza. En Huesca se registraron algo más de ocho semanales el año pasado, mientras que el Teruel no alcanza el centenar anual.
Los procedimientos monitorios también han estado cerca de triplicarse en esos mismos tres años y medio. Este tipo de pleito, instaurado con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil a finales de los años 90, fue concebido para tramitar por la vía judicial la reclamación de pequeñas deudas siempre que el acreedor disponga de un soporte documental, como facturas o albaranes. De hecho, su regulación inicial permitía litigar sin abogado cuando se pedían cantidades inferiores a los 900 euros --150.000 pesetas-- y el débito máximo que podía tramitarse por esta vía era de 30.000. Esa última cifra se elevó hace unos meses a 150.000.
Las demandas de juicios monitorios presentadas ante los juzgados aragoneses han pasado de menos de 10.000 en el año previo al estallido de la crisis a rozar los 23.000 el pasado ejercicio, con la previsión de superar los 25.000 en este si se mantine el ritmo registrado en el primer semestre.
CONCENTRACIÓN
También en este caso Zaragoza concentra más de tres cuartas partes de la litigiosidad: 9.872 procesos de enero a junio de este año frente a los 2.164 instados en Huesca y los 629 de Teruel en ese mismo periodo. El año pasado, el de mayor actividad en esta especialidad en Aragón, las cifras respectivas fueron 17.552, 4.173 y 1.273.
Aragón fue una de las comunidades españolas a las que la crisis tardó más en llegar, principalmente por el mantenimiento de la actividad económica que provocó, hasta mediados del 2008, el millonario plan de inversiones públicas vinculado a la Expo.
Sin embargo, los datos del Consejo General del Poder Judicial constatan que ahora mismo sus ciudadanos están sufriendo con especial dureza las consecuencias de la ola de insolvencia generada por esa misma crisis.
De hecho, Aragón es la comunidad en la que más crecen tanto los procedimientos de ejecución hipotecaria como los monitorios. En el primer caso, el 97,6% de aumento en relación con el año anterior tiene a su seguidor más cercano en el 75,7% de La Rioja. En el segundo, la subida del 48,1% le saca cuatro puntos al que registra Extremadura.
Fuente: elperiodicodearagon.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario