Los secretarios judiciales piden al Ministerio que mantenga su presencia en las vistas para garantizar la seguridad jurídica

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) solicitó al Ministerio de Justicia que mantenga en el nuevo Proyecto de Ley de la Fe Pública la obligatoriedad de la presencia del secretario judicial en las vistas con objeto de garantizar, así una "esencial medida de seguridad jurídica para el bien del ciudadano".


Esta ha sido una de las conclusiones a las que ha llegado el CNSJ durante las XXIII Jornadas de la Fe Pública celebradas en la localidad de Yaiza (Lanzarote). El Colegio defiende la existencia de un secretario judicial que ejerza "la fe pública con carácter de autoridad, autonomía e independencia".

"En garantía de los derechos del ciudadano que acude a los Tribunales y un elemental principio de seguridad jurídica, con la nueva regulación de la fe pública judicial en el Proyecto de Ley se exige el ejercicio de la misma con responsabilidad pues consideramos imprescindible la presencia física del Secretario Judicial en las vistas", indican los secretarios en sus conclusiones.

Advierten, además, que la ausencia del secretario en los juicios podría provocar posibles nulidades procesales derivadas de la utilización de sistemas tecnológicos. "Si nos precipitamos en fallidas soluciones, provocaremos más daño que el bien que se pretende alcanzar", añaden.

Los secretarios reclaman a las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia que ejerzan su responsabilidad en el proceso de modernización de la Justicia, con objeto de ofrecer un servicio público "de calidad al ciudadano". Para ello, destacan la necesidad de aprovechar el capital humano disponible y, muy especialmente, el del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, así como la inversión en organización judicial, medios materiales y nuevas tecnologías.

Las conclusiones del Congreso de los secretarios se han referido también al Proyecto de Reforma de la Legislación Procesal, aprobado en el Congreso de los Diputados, que, en su opinión "constituye el instrumento mínimo imprescindible para el inicio de la modernización de la Justicia a través de la implantación de la Nueva Oficina Judicial".

En su opinión, la supresión de alguna de las competencias que se atribuyen en la actualidad al secretario judicial imposibilitaría los fines de optimización y mejora pretendidos por la reforma y "cercenaría el derecho de los ciudadanos a un proceso moderno y a un servicio público de calidad".

UNIFICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Después de unas Jornadas que se han prolongado durante tres días, el colectivo considera también imprescindible la homogenización de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal.

Los secretarios han detectado, problemas de funcionamiento en el Sistema Integrado de Registros Administrativos (SIRAJ) por lo que piden al Ministerio de Justicia en sus conclusiones "la urgente unificación e interconexión de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal con los distintos Registros dependientes del Ministerio de Justicia, en especial los Registros de Violencia Domestica, Penados y Rebeldes y Medidas Cautelares".

En cuanto a la Nueva Oficina Judicial, el CNSJ destaca que es el único modelo organizativo posible en este proceso de modernización y reclama que la realización de la mayoría de las tareas procesales se lleve a cabo en los Servicios Comunes Procesales, regidos por criterios de eficiencia, eficacia y calidad.

En materia de protección de datos de carácter personal, los secretarios destacan la urgencia de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el campo de la Administración de Justicia, en cuya regulación --dicen-- la figura del secretario judicial deberá ser un elemento "clave y esencial".

Por último el colectivo pide una adaptación urgente del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales en concreto, en lo relativo al excesivo lapso temporal existente para la consolidación de categorías, la percepción retributiva que discrimina a los secretarios judiciales respecto de otros funcionarios, el sistema de concursos que confunde las diferentes categorías, la regulación de las Juntas de Secretarios, y principalmente, "el discriminatorio e injusto régimen disciplinario".

Fuente: EcoDiario