Justicia pretende hacer realidad la creación de la nueva oficina judicial antes de un año

Cuando han transcurrido más de cinco años desde la aprobación de una ley orgánica con la que se pretendía modernizar la Administración de Justicia de este país bajo las premisas de racionalidad, eficacia y eficiencia poniendo en marcha la nueva oficina judicial, ésta sigue siendo una entelequia, a pesar que los plazos para su implantación plena concluyeron a finales del pasado año.


Implantar la nueva oficina judicial ha sido un objetivo prioritario confeso de los distintos titulares de la cartera de Justicia desde López Aguilar. Pero el gallego Francisco Caamaño, con el talante negociador que lo caracteriza, ha sido el primero en lograr el consenso necesario para sacar adelante el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal necesaria para hacer viable el nuevo modelo de oficina judicial, que fue publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el pasado 19 de diciembre.

Con la media docena de enmiendas consensuadas el pasado 26 de mayo, en el último debate del estado de la nación, Justicia prevé que la reforma de las 21 leyes procesales necesarias para la puesta en marcha de la nueva oficina entren en vigor en enero del próximo año.

Mientras tanto, ya se han puesto en marcha una batería de medidas organizativas que posibiliten el desarrollo de esta oficina, tales como el nombramiento de un secretario general de modernización, la creación de una comisión encargada de la implantación de la oficina y la elaboración de la nueva relación de puestos de trabajo. Todo ello después de haber implantado experimentalmente el modelo en once partidos judiciales pertenecientes a las nueve comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.

Lo último fue la reunión celebrada el pasado 29 de mayo en Toledo por los secretarios judiciales coordinadores de toda España con los altos cargos del ministerio implicados en el proyecto.

Nuevos plazos

El resultado oficial de esa reunión fue la elaboración de un cronograma de aquí a diciembre con el fin de «proporcionar los instrumentos adecuados para la efectiva implantación de la nueva oficina judicial a partir del próximo mes de enero». En la judicatura no se respira el mismo optimismo. Distintos jueces consultados explican que el consenso alcanzado para las reformas legales no implica más que «no poner obstáculos a un cambio cuya necesidad ya nadie discute; otra cuestión es cómo se pretende llevar a cabo».

Consideran los críticos que el modelo que se pretende implantar es fruto de «mucha matemática y estadística, pero evidencia un escaso conocimiento de la realidad judicial de este país». Explican que el origen del problema radica en que «conciben el trabajo judicial como un trabajo en cadena y no como un trabajo intelectual».

Antonio Fraga Mandián, decano de los jueces coruñeses, considera que la nueva oficina judicial que se pretende implantar es una realidad irreversible porque está aprobada por ley, pero no es la panacea para resolver los males endémicos de la Justicia española. Teme que va a consumir muchos recursos y a generar más insatisfacciones que resultados efectivos. Fraga Mandián considera que el modelo actual de oficina judicial no es malo, sino que está mal dotado. A su juicio, el problema se resolvería con más jueces, una digitalización plena del proceso judicial y una mayor formación del personal.

Otros colegas suyos son más pesimistas y están convencidos de que ningún ministro se va a atrever a poner en marcha la nueva oficina, porque para eso harían falta sedes judiciales nuevas y duplicar las actuales plantillas de funcionarios.

Fuente: lavozdegalicia.es