Expediente a cinco tribunales por dejar datos personales en la basura

Se dice que la justicia española sigue en el siglo XIX. En algunos casos, parece que así es. Cuatro juzgados y una Audiencia Provincial usaban, para desembarazarse de sus expedientes, un método bastante rústico y poco seguro: los metían en bolsas de basura y los bajaban al contenedor de la esquina. Sin más. Toda la información -DNI, datos de menores, informes psicosociales de parejas en proceso de divorcio, relación de bienes personales, declaraciones de víctimas de malos tratos, de abusos sexuales, desahucios- quedaba expuesta en mitad de la calle ante cualquiera que fuera lo suficientemente indiscreto como para hurgar en la basura.


Esos juzgados y sus respectivas consejerías de Justicia se enfrentan ahora a sanciones de hasta 600.000 euros de la Agencia de Protección de Datos, que acaba de abrir ocho procedimientos sancionadores.

Todo empezó a finales de mayo de 2008, cuando unos periodistas de Telecinco encontraron en un contenedor de la calle, en Madrid, un montón de expedientes judiciales al lado de un juzgado de violencia contra la mujer. Siguieron buscando y comprobaron que lo mismo ocurría en Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña. Denunciaron el caso ante la Agencia de Protección de Datos que, tras un año de investigación, ha abierto procedimientos de "declaración de infracción" contra cada uno de ellos y contra las consejerías de Justicia que no les han proporcionado recursos suficientes para tratar de forma diligente los papeles que ya no usan. En algunos de estos casos no había en el juzgado ni un mísero dispositivo para destruir papel. En otros, no tenían contenedores de reciclaje o un armario cerrado con llave para que cualquiera se lleve bajo el brazo un legajo lleno de intimidad ajena.

El gran problema de este asunto, en todo caso, es que no parece un descuido aislado de cinco tribunales, sino una práctica extendida. "Estos hechos han puesto de relieve la muy deficiente custodia de la información personal en juzgados y tribunales", señala Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos. "Algunos magistrados habían pedido medios, archivos, contenedores, y no los habían recibido. Tampoco hay protocolos de obligado cumplimiento para los jueces que garanticen que los datos de carácter personal no acaben en la calle, o en Internet. La justicia todavía no se ha tomado en serio la protección de datos".

Rallo explica que, después de la denuncia de los periodistas de Telecinco, se creó un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial para solucionar estos graves problemas de seguridad. "Hay que formalizar un convenio que establezca reglas muy claras para todos los juzgados y tribunales. Es importante que todos en la oficina judicial sepan qué es lo que hay que hacer. Al final, estas prácticas inadecuadas afectan al propio desarrollo de la actividad jurisdiccional".

Los acusados en este caso son el Juzgado de Violencia contra la Mujer número ocho de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira (Valencia), el Juzgado de Primera instancia número 6 de Sevilla, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Igualada, la Audiencia Provincial de La Coruña y las Consejerías de Andalucía, Galicia y Valencia. Como Madrid y Cataluña tienen sus propias Agencias de Protección de Datos, en estos dos casos se les ha remitido la investigación abierta para que continúen ellos con los procedimientos.

La basura judicial con datos sobre violencia de género -los más sensibles porque pueden contener información sobre la salud y vida sexual de los ciudadanos- pueden dan lugar a sanciones de 300.000 a 600.000 euros como infracciones muy graves. En el resto, juzgados y administración se enfrentan a multas de 60.000 a 300.000 euros por infracción grave.


Fuente: elpais.com