Santa Pola: El TSJCV investiga si la juez de paz cobra por oficiar bodas civiles

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto una investigación para aclarar el presunto cobro de honorarios, por parte de la juez de paz de Santa Pola (Alicante), María José Gómez Polo, por oficiar bodas civiles en una finca de la localidad alicantina de Elche, según confirmaron fuentes del TSJCV.


El alto tribunal valenciano, tras conocer por los medios de comunicación la presunta existencia de irregularidades en la actuación de la magistrada, ha solicitado a la propia afectada un informe sobre la situación, "para que primero sea ella misma la que se explique", indicaron las mismas fuentes.

Las normas establecidas por el poder judicial prohíben a los magistrados percibir honorarios a cambio de oficiar bodas civiles, según recordaron las mismas fuentes.

En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Pola, María Lafuente, reclamó el "cese inmediato de la jueza de paz por realizar, presuntamente, actividades ajenas y en principio incompatibles con su cargo", así como que se depuren responsabilidades penales y políticas "si procede".

Por su parte, en un comunicado, el alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, expresó su "absoluto respeto" hacia la investigación del TSJCV acerca de las actuaciones de María José Gómez Polo en el ejercicio de su labor como juez de paz de Santa Pola, al tiempo que también quiso expresar "de la misma manera" su "respeto a su presunción de inocencia".

Además, recordó que los ayuntamientos "tienen la potestad de proponer para el cargo de juez de paz a personas que reúnen el perfil adecuado para desempeñar esa labor como primer escalón de la Justicia", como "así lo hizo el Ayuntamiento de Santa Pola en su momento proponiendo como candidata a María José Gómez Polo, quien reunía todos los requisitos para el puesto, y así lo corroboró el TSJ con su posterior nombramiento".

A partir de ahí, Zaragoza resalta que los jueces de paz "dependen única y exclusivamente del citado tribunal, y es al TSJ a quien compete realizar las investigaciones necesarias y precisas si observan alguna supuesta anomalía o irregularidad en el comportamiento de sus jueces".

Según el primer edil, "los ayuntamientos no tienen ninguna ascendencia jerárquica sobre los jueces de paz, por tanto no está entre sus competencias investigar ni cesar a ningún juez".

Fuente: lasprovincias.es