Madrid: El chollo de las VPO en una subasta judicial

Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid, son las 9:10 de la mañana del jueves 15 de octubre y el oficial comienza a preguntar en voz alta si alguien desea persignarse -la forma de acreditarse- para una serie de subastas de inmuebles que se van a celebrar esa mañana. Apenas hay movimiento hasta que pregunta: "¿Persignaciones para la 511/2009?". Inmediatamente se genera un ligero revuelo y se forma un corrillo de personas con su DNI en la mano.


¿Por qué ha causado tanto interés la 511 y no ninguna de las anteriores que han quedado en su mayoría desiertas? Todo indica que lo que se va a subastar es una perita en dulce. 'A priori', sólo se sabe que esos números identifican una vivienda de 74 metros cuadrados, con una plaza de garaje y un trastero, ubicada en el PAU de Sanchinarro y que la subasta será válida a partir de que se alcancen los 92.000 euros. Suena a chollo.

Pero hay más. Lo confirma Tristán, subastero profesional y autor del blog Subastas Judiciales: "En realidad se trata de una VPO en una de las zonas más demandadas de Madrid. Son viviendas de mucha calidad que salen a precios muy atractivos y que interesan a muchos clientes que las quieren para vivir en ellas, alquilarlas, o si lo desean, venderlas en el mercado libre cuando sean recalificadas".

La cosa es sencilla: quien se adjudique la subasta se hará con una vivienda protegida sin necesidad de cumplir con ninguno de los requisitos necesarios para optar a una de ellas y sin tener que someterse al capricho del azar de ningún sorteo. En el caso de la que se subastó el día 15 de octubre por la mañana, la vivienda, que perderá su calificación de protegida en 2017, se adjudicó por 171.000 euros, cantidad por encima de su precio máximo oficial, de 132.400 euros, pero muy por debajo de los 360.000 euros que valen de media inmuebles de las mismas características en el mercado libre.

Sobreprecio

La Comunidad de Madrid, desde su Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, considera que este asunto es algo "absolutamente residual" y explica que, si la vivienda se adjudica por encima del precio máximo que según su tipología conste en el expediente y que el juzgado debe consultar y hacer público, "se estaría incurriendo en una irregularidad administrativa sancionable con hasta 60.000 euros y con la posibilidad de obligar a devolver el sobreprecio".

A este respecto, Tristán relata otra de las consecuencias de que las casas protegidas lleguen al mercado de esta forma: "En el caso de la vivienda que se ha subastado, la deuda que tenía el adjudicatario con una entidad financiera era únicamente de 101.500 euros por lo que todo lo que esté por encima de ese precio es para su bolsillo, en este caso 69.500 euros".

"Este señor escrituró su vivienda en agosto de 2007, ha vivido dos años en su casa sin pagar la hipoteca y ahora se encuentra con todo ese dinero. En mi modesta opinión, esto es increíble y puede dar lugar a fraude, ya que alguien que sabe que no puede vender su vivienda en el mercado libre hasta dentro de 10 ó 15 años puede ver en ésta una fórmula ideal de obtener beneficios", reflexiona.

Para que estas casas lleguen a subasta pública, además de un adjudicatario incapaz de afrontar la hipoteca, la Administración que la promovió como vivienda pública ha tenido que renunciar expresamente a su derecho de tanteo que le permitiría quedarse de nuevo con ella y poder volver a ponerla en la bolsa de vivienda protegida para que otro solicitante, realmente necesitado de un hogar, pueda optar a adjudicársela.

Pero cuando las administraciones no ejercen este derecho puede ocurrir, como en el caso de la subasta presenciada, que quien se queda con una vivienda destinada en origen a fines sociales ni siquiera sea una persona física sino una sociedad anónima dedicada a la inversión inmobiliaria.

Para Pablo Olangua, director general de Gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), "se llega a estas situaciones porque normalmente no existe por parte del adjudicatario un ofrecimiento previo de venta, sino que deja de pagar las letras y esto supone que no tenemos conocimiento hasta que no está en tramitación el procedimiento ejecutivo, momento en el que la intervención resulta muy complicada".

Fuente: elmundo.es