La Fiscalía General de Morón investiga la desaparición de un arsenal y dinero de un depósito judicial. Según los investigadores, la sustracción se produjo gracias al apoyo brindado por un empleado público. Los empleados del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 están bajo la lupa. Si bien la cantidad no pudo ser establecida por las fuentes, trascendió que unas 14 armas de fuego fueron sustraídas del lugar donde el juzgado guarda los efectos personales de los presos.
Además, se supo que las irregularidades quedaron al descubierto cuando una persona se presentó en el juzgado, situado en el Palacio de Tribunales de Morón –en la intersección de Almirante Brown y Colón– para realizar un trámite relacionado con un arma. Acto seguido, se hizo una especie de arqueo y en el recuento habría quedado comprobado que faltaban varias pistolas 3.80, 9 milímetros y revólveres 22 largo, aparte de una importante suma de dinero.
Las averiguaciones quedaron en manos de la UFI N° 8 –a cargo del fiscal José Andrés de Los Santos- y están siendo realizadas con la mayor de las reservas. Fuentes relacionadas con las pesquisas detallaron que “no se trataría de un robo sino de un hurto porque no fueron violentadas las instalaciones”. De esta manera, la tipificación del delito bajaría considerablemente –al igual que la pena de ser encontrado el culpable- ya que no se utilizó violencia ni intimidación en el hecho.
“Fue alguien de adentro. Nos duele mucho que esto ocurra porque seguramente esas armas volvieron al circuito delictivo y hoy están en manos del enemigo”, indicó una calificada fuente de la Fiscalía, quien agregó: “Se está tratando de establecer cuándo y cómo fueron sustraídas las armas”.
El fiscal De los Santos está indagando a los empleados judiciales y policiales que cumplen funciones en ese juzgado. “Se está tomando declaraciones a todas las personas que pudieran saber algo para poder reconstruir el hecho. Es terrible porque el que entró y se llevó las armas tenía las llaves”, argumentó un vocero de la Fiscalía.
Depósitos sin seguro
Las armas desaparecidas habrían sido incautadas en diferentes procedimientos judiciales. Las fuentes consultadas señalaron que “es poco habitual que ese tipo de elementos lleguen a un depósito de un juez de Ejecución”. Es que este tipo de juzgados interviene una vez que la investigación y el proceso de detención queda concluído y toma decisiones a partir de una sentencia firme, sin apelación posible.
“Es raro que estos juzgados tengan este tipo de efectos personales de los presos porque no realizan muchas diligencias; los allanamientos y otros procedimientos de la investigación, se llevan a cabo en otras instancias”, agregaron las fuentes. En esta etapa, el detenido queda a disposición del juez quien determina los traslados de unidad, vela por su atención médica y controla la ejecución de la pena, entre otras medidas.
Los juzgados de todos los fueros –inclusive la misma Fiscalía– cuentan con una caja fuerte o un espacio físico que puede ser una habitación que hacen las veces de depósito.
Los encargados de custodiarlo y quienes tienen las llaves del lugar son los secretarios de cada organismo. Es decir que ellos serían los máximos responsables. Generalmente, este depósito es conocido como Sala o Área de Efectos.
En estos depósitos suele haber desde latas de pintura, dinero, documentación, alimentos, hasta armas. El juzgado debe hacer un estudio pormenorizado y una clasificación de lo que tiene en su guarda. Pasadas las averiguaciones de cada caso, los elementos deberían o bien ser devueltos a sus respectivos dueños –si los hay- o en caso contrario pueden ser donados a entidades de bien público; también, pueden ser destruidos.
Fuente: eldiariodemoron.com
Además, se supo que las irregularidades quedaron al descubierto cuando una persona se presentó en el juzgado, situado en el Palacio de Tribunales de Morón –en la intersección de Almirante Brown y Colón– para realizar un trámite relacionado con un arma. Acto seguido, se hizo una especie de arqueo y en el recuento habría quedado comprobado que faltaban varias pistolas 3.80, 9 milímetros y revólveres 22 largo, aparte de una importante suma de dinero.
Las averiguaciones quedaron en manos de la UFI N° 8 –a cargo del fiscal José Andrés de Los Santos- y están siendo realizadas con la mayor de las reservas. Fuentes relacionadas con las pesquisas detallaron que “no se trataría de un robo sino de un hurto porque no fueron violentadas las instalaciones”. De esta manera, la tipificación del delito bajaría considerablemente –al igual que la pena de ser encontrado el culpable- ya que no se utilizó violencia ni intimidación en el hecho.
“Fue alguien de adentro. Nos duele mucho que esto ocurra porque seguramente esas armas volvieron al circuito delictivo y hoy están en manos del enemigo”, indicó una calificada fuente de la Fiscalía, quien agregó: “Se está tratando de establecer cuándo y cómo fueron sustraídas las armas”.
El fiscal De los Santos está indagando a los empleados judiciales y policiales que cumplen funciones en ese juzgado. “Se está tomando declaraciones a todas las personas que pudieran saber algo para poder reconstruir el hecho. Es terrible porque el que entró y se llevó las armas tenía las llaves”, argumentó un vocero de la Fiscalía.
Depósitos sin seguro
Las armas desaparecidas habrían sido incautadas en diferentes procedimientos judiciales. Las fuentes consultadas señalaron que “es poco habitual que ese tipo de elementos lleguen a un depósito de un juez de Ejecución”. Es que este tipo de juzgados interviene una vez que la investigación y el proceso de detención queda concluído y toma decisiones a partir de una sentencia firme, sin apelación posible.
“Es raro que estos juzgados tengan este tipo de efectos personales de los presos porque no realizan muchas diligencias; los allanamientos y otros procedimientos de la investigación, se llevan a cabo en otras instancias”, agregaron las fuentes. En esta etapa, el detenido queda a disposición del juez quien determina los traslados de unidad, vela por su atención médica y controla la ejecución de la pena, entre otras medidas.
Los juzgados de todos los fueros –inclusive la misma Fiscalía– cuentan con una caja fuerte o un espacio físico que puede ser una habitación que hacen las veces de depósito.
Los encargados de custodiarlo y quienes tienen las llaves del lugar son los secretarios de cada organismo. Es decir que ellos serían los máximos responsables. Generalmente, este depósito es conocido como Sala o Área de Efectos.
En estos depósitos suele haber desde latas de pintura, dinero, documentación, alimentos, hasta armas. El juzgado debe hacer un estudio pormenorizado y una clasificación de lo que tiene en su guarda. Pasadas las averiguaciones de cada caso, los elementos deberían o bien ser devueltos a sus respectivos dueños –si los hay- o en caso contrario pueden ser donados a entidades de bien público; también, pueden ser destruidos.
Fuente: eldiariodemoron.com
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