La ex directora de relaciones con la Justicia del Gobierno vasco, Inmaculada de Miguel, y la que fuera responsable del Departamento de Informática del Ejecutivo, Ana Isabel Molina, declararán ante la Fiscalía vasca sobre las supuestas irregularidades detectadas en una quincena de expedientes de contratación informática del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009 y que podrían haber supuesto un montante que supera los 23 millones de euros para las arcas públicas. El fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, ha destacado que el caso está "en fase de investigación" y que una vez que termine las indagaciones, decidirá si archiva las actuaciones o lo remite al Juzgado.Lee toda la noticia AQUI
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