La portavoz municipal y primera teniente de alcalde, Antonia Moreno, lanzó un órdago inédito en este municipio: Dió tres meses de plazo a la Generalitat para hacer efectivo el convenio que tiene pendiente de cerrar con el Consistorio oriolano hace ya ocho años -es de 2003-, sobre las permutas y compensaciones económicas entre los palacios de justicia nuevo y viejo. Si el gobierno valenciano no hace efectivos los términos de dicho convenio, Moreno hizo público que pedirá el «inmediato desalojo» del edificio judicial de la plaza de Santa Lucía, y que los funcionarios regresen al viejo inmueble.Lee toda la noticia AQUI
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