lunes, octubre 13, 2008

España es uno de los países europeos con menos jueces


La Justicia española es una de las que cuenta con menos jueces de Europa pero se sitúa entre las que tienen mayor ratio de funcionarios de la administración judicial. Del informe 2008 de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia que ha radiografiado los sistemas judiciales de 47 naciones del Viejo Continente se desprenden éstas y otras consideraciones de calado, que demuestran lo lejos que están las administraciones nacionales de la convergencia.


La estadística revela que España es el tercer país de Europa en número de juzgados de primera instancia, con 2.016 tribunales, tan sólo superada por Rusia, con 9.846, y Turquía, con 4.723. El sistema español también es uno de los que cuenta con mayor número de juzgados específicos (violencia de género, medio ambiente, infancia...), con 683 tribunales especiales. En conjunto, España registra uno de los mayores ratios de tribunales por cada 100.000 habitantes, concretamente, 4,6. Francia se queda en 1,8, Italia en 1,7, Reino Unido en 1,2 y Alemania en 0,9.

Clasificación

Pero, paradójicamente, los tribunales españoles están peor dotados que los de los países de su entorno. De hecho, España ocupa el puesto 38 del ránking, compuesto por 47 sistemas judiciales, por promedio de jueces por ciudadano, con 10,1 magistrados por cada 100.000 habitantes, frente a los 11 de Italia, 11,9 de Francia, 14,9 de Bélgica y 24,5 de Alemania. Incluso los países de la antigua URSS y de los Balcanes cuentan con más jueces que España.

La clasificación se invierte en el caso de los funcionarios de la administración de Justicia, donde el sistema español es uno de los mejor provistos. En concreto, el informe de la Comisión Europea cifra en 40.153 personas el cuerpo auxiliar de la administración de Justicia. Países con mayor población que España, como Francia (17.063 funcionarios), Italia (27.067) y Reino Unido (27.231), presentan menor número de empleados públicos.

El informe discrimina al personal en función de que se encuadren en el Ministerio de Justicia o en las diferentes administraciones autonómicas. Así, dependen de Madrid 3.016 empleados del Cuerpo de Gestión Procesal, 3.983 del Cuerpo de Tramitación Procesal y 1.804 del Cuerpo de Auxilio Judicial. Y se encuadran en las autonomías 8.831 trabajadores del Cuerpo de Gestión Procesal, 12.696 del Cuerpo de Tramitación Procesal y 5.734 del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Financiación

En lo referente a la inversión pública, España se aproxima a la media de países en porcentaje del PIB dedicado a la Justicia, el 0,30%, cerca de Alemania (0,38%), Holanda (0,30%) e Italia (0,26%), por ejemplo. Los que más gastan en esta partida son los países de la ex Yugoslavia y Polonia y, los que menos, Irlanda, Noruega e Islandia. En gasto por ciudadano, el informe asigna a los presupuestos españoles un gasto por habitante de 68 euros, situando de nuevo a España en la franja media de los países europeos. Italia (70 euros), Suecia (81), Holanda (99) y Alemania (106) aventajan a a España, y van por detrás Francia (53 euros) y Grecia (30), entre otros.

En comparación con el anterior informe, realizado en 2004, la Comisión Europea atribuye a España un incremento en el esfuerzo financiero del 19%, uno de los más elevados del continente, siendo superado tan sólo por las economías emergentes del Este. Así, España se sitúa como unos de los países avanzados que más está haciendo por modernizar su sistema de Justicia. De hecho, está en el grupo de administraciones europeas con mayor índice de informatización, a pesar de los errores judiciales recientes (caso Mari Luz) que han cuestionado el sistema.

Por último, el estudio analiza el trabajo y la eficacia de las administraciones judiciales. Como han alertado las propias administraciones españolas en repetidas ocasiones, al sistema llegan más casos de los que éste puede digerir. En 2006 ingresaron en los tribunales de primera instancia 2.673 asuntos civiles, pero ese año tan sólo se resolvieron 2.501. Las estadísticas son más preocupantes en el caso de los litigios criminales. El 1 de enero de 2006 había 190.000 casos pendientes y, el 31 de diciembre de ese mismo año, 205.898.


Fuente: gaceta.es

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