La judicatura está que trina. A través de su intranet, los jueces –hasta ahora independientes en su mayoría- se están uniendo. Poco dados e instruidos en el uso personal de las nuevas tecnologías, acaban de descubrir a través de la intranet del CGPJ que tiene un poderosísimo instrumento en sus manos para contarse las ‘miserias’ de sus juzgados y, en definitiva, para unirse en un movimiento reivindicativo.
Querían llamarlo “Movimiento 21 de noviembre”, porque era el día propuesto para una huelga judicial. Pero la fecha es demasiado ‘emblemática’, así que han comenzado a llamado “Movimiento 8 de octubre”, que es cuando los jueces de toda España parece que tomaron conciencia de que hay un problema en la estructura judicial, que se ha saldado con una sanción a un juez –Rafael Tirado- y a una secretaria judicial –Juana Gálvez- por el caso de la niña Mari Luz.
Ese mismo miércoles 8 de octubre nació este peculiar movimiento judicial, y lo hizo con mensajes como éste, colocados en la intranet del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogidos en un documento en pdf al que Diariocrítico ha tenido acceso: “¿Por qué somos un colectivo tan pasivo? ¿Por qué agachamos la cabeza y seguimos trabajando y trabajando mientras nos amedrentan, desacreditan e, incluso, nos insultan? ¿Por qué los secretarios pueden unirse en cuestión de horas y actuar de forma conjunta y nosotros no? ¿Qué hace falta para que levantemos la cabeza de los pleitos y plantemos cara? ¿Por qué no nos unimos al plante de los secretarios y paramos el día 21 de octubre?”. El mensaje iba firmado por P. M. (omitimos los nombres, por razones obvias).
Se trataba de una respuesta contundente a este otro mensaje, colocado ese mismo día por A. A. a las 10.29 horas: “ Lo que se debería hacer, más allá de llamamientos mañaneros a la rebelión, es, de un lado, celebrar Juntas de Jueces en todos los lugares del Estado Español (ese territorio llamado antiguamente "España") para denunciar la situación y solidarizarnos con los Secretarios y, de otro, deslegitimar la acción de las cabezas pensantes de los sindicatos judiciales (perdón, "Asociaciones Judiciales"), siempre leales al poder político que les lleva a los más altos cargos discrecionales; ¿nos atreveremos? SEGURO QUE NO”.
Los jueces se rebelan... verbalmente
El “Movimiento 9 de octubre” había nacido de hecho. A partir de ahí, el reguero de pólvora se extendió a través de los terminales de los ordenadores, conectados en intranet –la red interna que el anterior CGPJ creó para los aproximadamente cuatro mil jueces que ejercen en toda España-. “Imaginaos el impacto brutal de saber que TODOS los jueces de España están reunidos en Junta, el mismo día, con el mismo orden del día, a la misma hora, para sacar conclusiones independientes pero iguales: un puñetazo en la mesa, un basta ya de tanta manipulación”, firmaba en un mensaje F. R.
Ese día, los decanos, reunidos en Cádiz, comunicaban a L. D. –y éste lo hacía público en la intranet- que “a lo largo de la mañana adoptarán una decisión común al respecto y la colgarán en esta cadena de correos, de la que están al corriente”. El movimiento cobraba realmente fuerza.
Los jueces empezaron a atreverse a contar sus experiencias, cómo ésta, de un juzgado de un pueblo de Málaga –omitimos el nombre-: “Tras dos meses sin fax y reiterados intentos por quien suscribe al objeto de dotar al juzgado de este medio imprescindible para comunicarse con la Fiscalía de Málaga, generosamente y al cabo de dicho plazo se nos proporciona por la Delegación malagueña de Justicia un obsoleto objeto -que sería a los faxes actuales lo que un video 2000 [la marca europea que no fructificó, derrotada por el VHS y por Beta] a los "deuvedés" de hoy- a aquel fin destinado, al cual se adhieren rasgadas pegatinas con anotaciones cuasi ilegibles que, provisto de lupa y paciencia, por fin logro descifrar: "Comisaría de policía de Córdoba". ¿? Consecuencia lógica: Avería inmediata. (...) P.D. Electrodomésticos y Electrónica García. Fax: 68 euros”.
Situación agobiante
En ese capítulo de ‘miserias’ materiales, a las 14:09 horas de ese 9 de octubre, cuando ya la intranet del CGPJ literalmente hierve a mensajes, el juez A. V., titular de un juzgado de Málaga, hace el siguiente relato, que por su interés lo reproducimos de forma íntegra:
“Por aportar algo es interesante la sentencia que me notificó el mes pasado el Tribunal Constitucional (...) (no la puedo escanear para aportaros el texto íntegro que no tiene desperdicio porque el escáner del Juzgado -de los más modernos- es incompatible con la fotocopiadora donde va instalado y por mucho que se han gastado, que lo reconozco, no puede ser utilizado). La sentencia presentada para obtener el amparo ante una resolución del Juzgado donde trabajo (...) y que evidencia la falta de respuesta en un plazo razonable a la tutela judicial que reclamó el recurrente otorga el amparo solicitado, pero, y esto es lo curioso, lo hace parcialmente y a efectos meramente declarativos al reconocer que el Juzgado ya no puede más y "denuncia" con abundante cita jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Estado español está obligado a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable, añadiendo que el Tribunal Constitucional no puede entrar en los problemas estructurales del funcionamiento de la Administración de Justicia y dado el defecto estructural del Juzgado. Juzgado que por otra parte desde el año 2004 tiene un seguimiento sin más consecuencia que esa, es decir, ni me expedientan ni me dan apoyo !Curioso!”
“Mi conclusión [añade el perplejo juez] es que el Estado español puede ser denunciado en el Tribunal Europeo ante el incumplimiento de sus obligaciones que en este caso y como todos sabemos es asombroso”.
Las actas de los Jueces Decanos de España
Entre el 5 y el 8 de octubre, los jueces decanos de España celebraban unas jornadas en Cádiz. Sabían del movimiento que ya se agitaba a través de intranet. Al término de las mismas, las actas quedaron colgadas en el nuevo instrumento de comunicación –y en este caso ya de cohesión- de todos los jueces de España.
Respecto a esas jornadas, en intranet se hacía especial hincapié en la resolución respecto al expediente que se tramitaba al Rafael Tirado Marquez. Se señalaba que los Jueces Decanos de España “muestran su rotundo rechazo a las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, entendemos intolerables las indicaciones sobre la sanción concreta que debería imponerse según su particular criterio. Confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias como máximo garante de la independencia judicial. Por ello, queremos dejar constancia que las críticas vertidas pretenden, básicamente, ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados. Nos proponemos convocar Juntas Generales de Jueces en toda España el próximo 21 de octubre en relación a este único asunto”.
Se gestaba la ¿rebelión?
Fuente: diariocritico.com
Querían llamarlo “Movimiento 21 de noviembre”, porque era el día propuesto para una huelga judicial. Pero la fecha es demasiado ‘emblemática’, así que han comenzado a llamado “Movimiento 8 de octubre”, que es cuando los jueces de toda España parece que tomaron conciencia de que hay un problema en la estructura judicial, que se ha saldado con una sanción a un juez –Rafael Tirado- y a una secretaria judicial –Juana Gálvez- por el caso de la niña Mari Luz.
Ese mismo miércoles 8 de octubre nació este peculiar movimiento judicial, y lo hizo con mensajes como éste, colocados en la intranet del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogidos en un documento en pdf al que Diariocrítico ha tenido acceso: “¿Por qué somos un colectivo tan pasivo? ¿Por qué agachamos la cabeza y seguimos trabajando y trabajando mientras nos amedrentan, desacreditan e, incluso, nos insultan? ¿Por qué los secretarios pueden unirse en cuestión de horas y actuar de forma conjunta y nosotros no? ¿Qué hace falta para que levantemos la cabeza de los pleitos y plantemos cara? ¿Por qué no nos unimos al plante de los secretarios y paramos el día 21 de octubre?”. El mensaje iba firmado por P. M. (omitimos los nombres, por razones obvias).
Se trataba de una respuesta contundente a este otro mensaje, colocado ese mismo día por A. A. a las 10.29 horas: “ Lo que se debería hacer, más allá de llamamientos mañaneros a la rebelión, es, de un lado, celebrar Juntas de Jueces en todos los lugares del Estado Español (ese territorio llamado antiguamente "España") para denunciar la situación y solidarizarnos con los Secretarios y, de otro, deslegitimar la acción de las cabezas pensantes de los sindicatos judiciales (perdón, "Asociaciones Judiciales"), siempre leales al poder político que les lleva a los más altos cargos discrecionales; ¿nos atreveremos? SEGURO QUE NO”.
Los jueces se rebelan... verbalmente
El “Movimiento 9 de octubre” había nacido de hecho. A partir de ahí, el reguero de pólvora se extendió a través de los terminales de los ordenadores, conectados en intranet –la red interna que el anterior CGPJ creó para los aproximadamente cuatro mil jueces que ejercen en toda España-. “Imaginaos el impacto brutal de saber que TODOS los jueces de España están reunidos en Junta, el mismo día, con el mismo orden del día, a la misma hora, para sacar conclusiones independientes pero iguales: un puñetazo en la mesa, un basta ya de tanta manipulación”, firmaba en un mensaje F. R.
Ese día, los decanos, reunidos en Cádiz, comunicaban a L. D. –y éste lo hacía público en la intranet- que “a lo largo de la mañana adoptarán una decisión común al respecto y la colgarán en esta cadena de correos, de la que están al corriente”. El movimiento cobraba realmente fuerza.
Los jueces empezaron a atreverse a contar sus experiencias, cómo ésta, de un juzgado de un pueblo de Málaga –omitimos el nombre-: “Tras dos meses sin fax y reiterados intentos por quien suscribe al objeto de dotar al juzgado de este medio imprescindible para comunicarse con la Fiscalía de Málaga, generosamente y al cabo de dicho plazo se nos proporciona por la Delegación malagueña de Justicia un obsoleto objeto -que sería a los faxes actuales lo que un video 2000 [la marca europea que no fructificó, derrotada por el VHS y por Beta] a los "deuvedés" de hoy- a aquel fin destinado, al cual se adhieren rasgadas pegatinas con anotaciones cuasi ilegibles que, provisto de lupa y paciencia, por fin logro descifrar: "Comisaría de policía de Córdoba". ¿? Consecuencia lógica: Avería inmediata. (...) P.D. Electrodomésticos y Electrónica García. Fax: 68 euros”.
Situación agobiante
En ese capítulo de ‘miserias’ materiales, a las 14:09 horas de ese 9 de octubre, cuando ya la intranet del CGPJ literalmente hierve a mensajes, el juez A. V., titular de un juzgado de Málaga, hace el siguiente relato, que por su interés lo reproducimos de forma íntegra:
“Por aportar algo es interesante la sentencia que me notificó el mes pasado el Tribunal Constitucional (...) (no la puedo escanear para aportaros el texto íntegro que no tiene desperdicio porque el escáner del Juzgado -de los más modernos- es incompatible con la fotocopiadora donde va instalado y por mucho que se han gastado, que lo reconozco, no puede ser utilizado). La sentencia presentada para obtener el amparo ante una resolución del Juzgado donde trabajo (...) y que evidencia la falta de respuesta en un plazo razonable a la tutela judicial que reclamó el recurrente otorga el amparo solicitado, pero, y esto es lo curioso, lo hace parcialmente y a efectos meramente declarativos al reconocer que el Juzgado ya no puede más y "denuncia" con abundante cita jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Estado español está obligado a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable, añadiendo que el Tribunal Constitucional no puede entrar en los problemas estructurales del funcionamiento de la Administración de Justicia y dado el defecto estructural del Juzgado. Juzgado que por otra parte desde el año 2004 tiene un seguimiento sin más consecuencia que esa, es decir, ni me expedientan ni me dan apoyo !Curioso!”
“Mi conclusión [añade el perplejo juez] es que el Estado español puede ser denunciado en el Tribunal Europeo ante el incumplimiento de sus obligaciones que en este caso y como todos sabemos es asombroso”.
Las actas de los Jueces Decanos de España
Entre el 5 y el 8 de octubre, los jueces decanos de España celebraban unas jornadas en Cádiz. Sabían del movimiento que ya se agitaba a través de intranet. Al término de las mismas, las actas quedaron colgadas en el nuevo instrumento de comunicación –y en este caso ya de cohesión- de todos los jueces de España.
Respecto a esas jornadas, en intranet se hacía especial hincapié en la resolución respecto al expediente que se tramitaba al Rafael Tirado Marquez. Se señalaba que los Jueces Decanos de España “muestran su rotundo rechazo a las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, entendemos intolerables las indicaciones sobre la sanción concreta que debería imponerse según su particular criterio. Confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias como máximo garante de la independencia judicial. Por ello, queremos dejar constancia que las críticas vertidas pretenden, básicamente, ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados. Nos proponemos convocar Juntas Generales de Jueces en toda España el próximo 21 de octubre en relación a este único asunto”.
Se gestaba la ¿rebelión?
Fuente: diariocritico.com
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