Unos 400.000 euros en destrozos materiales y tres meses de obras. Éste es el balance de daños por el atentado con bomba de ETA contra los juzgados de Tolosa, ofrecido ayer en el lugar de los hechos por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA). Pese a los graves desperfectos, las instalaciones volvieron ayer a abrir sus puertas al público dos días después del atentado y la actividad se desarrolló con normalidad.
En las escaleras y pasillos se mezclaban a lo largo de la mañana jueces, trabajadores, obreros, limpiadoras, peritos y ciudadanos. Varias mujeres trabajaban en su mesa con su ordenador con un fondo de tablones amarillos que sustituían a las cristaleras hechas añicos. «Se está trabajando con normalidad», insistía una responsable del Juzgado.
De hecho, una decena de juicios previstos se pudieron celebrar ayer sin mayores incidencias, pese a que la instalación mostraba aún las heridas por la explosión en forma de puertas desencajadas, techos arrancados, suciedad en varias dependencias y, sobre todo, el gran boquete en la fachada tapiado con los tablones amarillos y bloques de piedra.
Dos trabajadoras del registro civil, ubicadas justo a la entrada, admitían que su volumen de trabajo había disminuido al haber venido menos gente de lo habitual. «Muchos, al ver lo que había ocurrido y al no tratarse de temas urgentes, han preferido volver otro día», explicaban. Por contra, una limpiadora apenas tenía tiempo para el descanso mientras quitaba el polvo a las mesas de una de las salas más afectadas por la explosión. Las zonas más dañadas son la clínica forense, que ha quedado destruida, el juzgado de guardia, cuyos techos abiertos dejaban a la vista los conductos internos, una sala de declaraciones o el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres.
El consejero de Justicia volvió a primera de la tarde a los juzgados a observar los daños. Azkarraga se encontró con un lugar más adecentado, una vez retirados los escombros durante el fin de semana. El consejero ofreció el balance de daños efectuado por los técnicos de su departamento, que asciende a 400.000 euros. Anunció que durante los tres meses de obras el servicio funcionará sin «causar trastornos» al público.
Azkarraga no ofreció ningún dato sobre la composición del artefacto, de cinco kilos de explosivo, porque «corresponde al departamento de Interior». Tampoco habló sobre las medidas de seguridad que se deben adoptar en torno a los jueces y juzgados. Mientras, los vecinos siguen presentando denuncias por daños. Azkarraga detalló que unos ochenta lo habían hecho ya. El atentado dañó casas, el ambulatorio, que también retomó su actividad, una veintena de coches, el frontón Beotibar y sus establecimientos hosteleros, y la iglesia de San Francisco.
Fuente: diariovasco.com
En las escaleras y pasillos se mezclaban a lo largo de la mañana jueces, trabajadores, obreros, limpiadoras, peritos y ciudadanos. Varias mujeres trabajaban en su mesa con su ordenador con un fondo de tablones amarillos que sustituían a las cristaleras hechas añicos. «Se está trabajando con normalidad», insistía una responsable del Juzgado.
De hecho, una decena de juicios previstos se pudieron celebrar ayer sin mayores incidencias, pese a que la instalación mostraba aún las heridas por la explosión en forma de puertas desencajadas, techos arrancados, suciedad en varias dependencias y, sobre todo, el gran boquete en la fachada tapiado con los tablones amarillos y bloques de piedra.
Dos trabajadoras del registro civil, ubicadas justo a la entrada, admitían que su volumen de trabajo había disminuido al haber venido menos gente de lo habitual. «Muchos, al ver lo que había ocurrido y al no tratarse de temas urgentes, han preferido volver otro día», explicaban. Por contra, una limpiadora apenas tenía tiempo para el descanso mientras quitaba el polvo a las mesas de una de las salas más afectadas por la explosión. Las zonas más dañadas son la clínica forense, que ha quedado destruida, el juzgado de guardia, cuyos techos abiertos dejaban a la vista los conductos internos, una sala de declaraciones o el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres.
El consejero de Justicia volvió a primera de la tarde a los juzgados a observar los daños. Azkarraga se encontró con un lugar más adecentado, una vez retirados los escombros durante el fin de semana. El consejero ofreció el balance de daños efectuado por los técnicos de su departamento, que asciende a 400.000 euros. Anunció que durante los tres meses de obras el servicio funcionará sin «causar trastornos» al público.
Azkarraga no ofreció ningún dato sobre la composición del artefacto, de cinco kilos de explosivo, porque «corresponde al departamento de Interior». Tampoco habló sobre las medidas de seguridad que se deben adoptar en torno a los jueces y juzgados. Mientras, los vecinos siguen presentando denuncias por daños. Azkarraga detalló que unos ochenta lo habían hecho ya. El atentado dañó casas, el ambulatorio, que también retomó su actividad, una veintena de coches, el frontón Beotibar y sus establecimientos hosteleros, y la iglesia de San Francisco.
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