Ante las protestas, Bermejo, en su línea, opta por crispar

El Gobierno ha optado por echar más leña al fuego ante la mayor movilización de jueces y secretarios judiciales que se ha producido jamás en España. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no compareció a una rueda de prensa convocada en paralelo a la protesta -de la que encargó al secretario de Estado, Julio Pérez- y aprovechó los pasillos del Congreso para acusar a los jueces de querer presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no cambie la sanción de multa impuesta al juez Tirado.


Bermejo declaró que «si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir», informa Europa Press. Dijo que lo que pretenden los jueces es «presionar» al CGPJ para que mantenga la multa a Tirado, una sanción que «el Gobierno sigue pensando que es escasa». Desoía así las recomendaciones de prudencia lanzadas por el nuevo Consejo, que en los últimos días ha hecho públicos varios comunicados para subrayar que las manifestaciones del Ejecutivo «no contribuyen a crear un clima de confianza y confunden al ciudadano».

Pese a ello, Bermejo insistió en que tiene «el legítimo derecho a decir eso y no parece razonable que la consecuencia sea una huelga encubierta». Respecto al paro de los secretarios judiciales, dijo que es «un movimiento corporativo difícilmente explicable en términos de racionalidad».

Julio Pérez, por su parte, calificó de «desproporcionado» e «injustificado» el paro de los secretarios, aunque señaló que es «comprensible el sentimiento de solidaridad». Llegó a decir que el Ministerio sentía «sólo un poquito menos que ella» haber sancionado a Juana Gálvez con dos años de suspensión.

Fuente: elmundo.es

Una Justicia sin medios no lo es

Con lo que se gastó el ministro Bermejo en su piso oficial, más de 500 juzgados tendrían material informático nuevo. Aunque los medios gubernamentales intentan presentarlo como simple corporativismo, la realidad es que la Justicia española se paraliza en una protesta sin precedentes, para reclamar más medios y menos mentiras, para exigir que la Justicia sea independiente y para rechazar que los jueces y los funcionarios sean los chivos expiatorios de la incapacidad ministerial.

Precisamente, Teresa Fernández de la Vega, uno de los más furibundos atacantes del magistrado del caso Mari Luz, tuvo una actitud muy distinta en 1992, con el juez que permitió (contra el criterio de fiscal y prisión) el permiso de un recluso que violó y asesinó a la niña de 9 años, Olga Sangrador. De la Vega, entonces Secretaria de Estado, le nombró su Jefe de Gabinete.

Aunque estamos acostumbrados a noticias de jueces vagos, la realidad es que la inmensa mayoría cubren con creces los módulos de productividad impuestos por el ministerio y exigen los mínimos recursos técnicos y humanos, necesarios para cumplir su labor.

No es aceptable que un Gobierno que se gasta 70 millones de euros en nuevos logotipos, deje indigente a una Justicia que es un pilar básico de la democracia real, de los derechos de todos los ciudadanos.

Fuente: elpais.com


Tirados y cabreados

Lo último que pensó la vicepresidenta cuando se puso populista y demagoga en la portada de «El País», («espero que sancionen con tres años de suspensión al juez Tirado») es que iba a provocar la rebelión de todos los jueces del país con minúsculas. De derechas, de izquierdas y de centro. Todos en la piel de potenciales Tirados, además de profundamente cabreados. Más o menos como los secretarios judiciales, similarmente indignados imaginándose como futuros Juanas Gálvez de las sanciones ejemplares del ministro Bermejo.

Cabreados con el Gobierno e imagino que con una buena parte de los medios de comunicación. Aunque de esto último no hablan porque tampoco es cuestión de hacer la huelga y, además, suicidarse el mismo día. Que es lo que les podría pasar si se crearan dos enemigos a la vez. Pero la degeneración populista y demagógica de este asunto procedió también de algunos medios que exigieron castigos y cabezas, sobre todo la de Tirado, sin atender a algunos datos esenciales.

Como la saturación de los juzgados y de ese juzgado en particular, lo que el Gobierno conocía perfectamente antes y después del asesinato de Mari Luz. Y que no sólo es el principal desencadenante del retraso fatal de este caso, sino el causante de que muchos ciudadanos se sientan igualmente tirados, pero con minúscula, e igualmente cabreados, cuando se ven obligados a acudir a la Justicia. Quienes aseguran que la auténtica diferencia entre pobres y ricos se produce ante la sanidad, lo hacen seguramente porque nunca necesitaron de los servicios de la Justicia. Y no experimentaron lo de quedarse completamente tirados como víctimas. Por la falta de medios de la Justicia para investigar y perseguir una buena parte de los delitos.

Y lo saben los jueces y lo saben los secretarios judiciales, y deberían haber protestado mucho antes. Por los ciudadanos, no sólo por ellos. Lo que no quiere decir que su corporativismo no sea completamente legítimo, que lo es. Que tiene bemoles que algunas huelgas sean corporativismo del bueno, de los sindicatos, por ejemplo, y otras, las que no le gustan al Gobierno, corporativismo del malo.

Fuente: ABC.es . Artículo de opinión de Edurne Uriarte