Cuando desde el gobierno se ha exigido al CGPJ una sanción ejemplar contar el juez Tirado por su abandono de funciones en el caso de Mari Luz, muchos se preguntan cuando el máximo órgano de los jueces se va a decidir a investigar e inspeccionar el juzgado de Garzón, para comprobar si el juez estrella se dedica a lo que se tiene que dedicar.
No hay precedentes en la justicia española de una crítica tan dura del Ministerio fiscal a una actuación de un juez. Y en esta ocasión no hay disculpas, ni Javier Zaragoza es de la cuerda del PP, ni por supuesto el gobierno que manda en el Ministerio Público hoy, es precisamente proclive a dejar en paz el tema de la Guerra Civil.
Por ello llama poderosamente la atención que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acuse al juez de abrir una «inquisición general» contra el franquismo «que no se compadece con el objeto y la finalidad» del proceso según nuestra Constitución. Además habría alterado «discrecionalmente» el sistema de recursos; «ha evitado la aplicación de las normas de prescripción a hechos delictivos perpetrados en el mejor de los casos hace casi 60 años»; «ha evitado la aplicación de una norma con rango de ley, cual es la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por las primeras Cortes democráticas», además de haber soslayado «el principio de irretroactividad de las leyes penales no favorables».También «ha impedido la aplicación imperativa de las normas de competencia territorial que se deriva de la calificación jurídica que el propio instructor asigna a los hechos que investiga», como son las detenciones ilegales, al tiempo que «diseña un singular andamiaje jurídico consistente en vincular aquellos delitos, mediante una laxa interpretación de las normas de conexión, con un delito contra los Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, hoy inexistente en el Código Penal». Y por si fuera poco, los autores de esa rebelión han fallecido.
Los argumentos del Ministerio Fiscal dan más que de sobra para fundamentar una querella contra Garzón por la presunta comisión de un delito de prevaricación, y no son pocos los medios que se hacen eco de esta posibilidad. Si además unimos el hecho de que en 1998 el mismo juez Garzón archivo una causa contra Carrillo que pedía la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos en Paracuellos, no podemos dejar de asombrarnos de la pirueta jurídica de este señor con toga, ya que los argumentos jurídicos que entonces valían para no investigar los crímenes del Frente Popular, parece que no valen hoy para llegar a la misma conclusión respecto a los crímenes del franquismo.
Sin duda el Pleno de la Audiencia Nacional, al resolver el recurso de la fiscalía dará un revolcón a Garzón, como ya sucedió con el caso del Bórico, en el que se empeñó en mantener en contra de derecho su competencia, y terminará con este despropósito judicial.
Fuente: Minuto Digital
No hay precedentes en la justicia española de una crítica tan dura del Ministerio fiscal a una actuación de un juez. Y en esta ocasión no hay disculpas, ni Javier Zaragoza es de la cuerda del PP, ni por supuesto el gobierno que manda en el Ministerio Público hoy, es precisamente proclive a dejar en paz el tema de la Guerra Civil.
Por ello llama poderosamente la atención que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acuse al juez de abrir una «inquisición general» contra el franquismo «que no se compadece con el objeto y la finalidad» del proceso según nuestra Constitución. Además habría alterado «discrecionalmente» el sistema de recursos; «ha evitado la aplicación de las normas de prescripción a hechos delictivos perpetrados en el mejor de los casos hace casi 60 años»; «ha evitado la aplicación de una norma con rango de ley, cual es la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por las primeras Cortes democráticas», además de haber soslayado «el principio de irretroactividad de las leyes penales no favorables».También «ha impedido la aplicación imperativa de las normas de competencia territorial que se deriva de la calificación jurídica que el propio instructor asigna a los hechos que investiga», como son las detenciones ilegales, al tiempo que «diseña un singular andamiaje jurídico consistente en vincular aquellos delitos, mediante una laxa interpretación de las normas de conexión, con un delito contra los Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, hoy inexistente en el Código Penal». Y por si fuera poco, los autores de esa rebelión han fallecido.
Los argumentos del Ministerio Fiscal dan más que de sobra para fundamentar una querella contra Garzón por la presunta comisión de un delito de prevaricación, y no son pocos los medios que se hacen eco de esta posibilidad. Si además unimos el hecho de que en 1998 el mismo juez Garzón archivo una causa contra Carrillo que pedía la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos en Paracuellos, no podemos dejar de asombrarnos de la pirueta jurídica de este señor con toga, ya que los argumentos jurídicos que entonces valían para no investigar los crímenes del Frente Popular, parece que no valen hoy para llegar a la misma conclusión respecto a los crímenes del franquismo.
Sin duda el Pleno de la Audiencia Nacional, al resolver el recurso de la fiscalía dará un revolcón a Garzón, como ya sucedió con el caso del Bórico, en el que se empeñó en mantener en contra de derecho su competencia, y terminará con este despropósito judicial.
Fuente: Minuto Digital
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