Un informe elaborado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado lo que los jueces vienen denunciado desde mucho antes del escándalo del caso Mari Luz: que la Consejería de Justicia no cubre a tiempo las bajas de los funcionarios judiciales y que, en los casos en los que se produce la sustitución, ésta se realiza por personas que carecen de experiencia judicial previa.El exhaustivo estudio fue encargado por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal en abril pasado y ha sido elevado ya al Pleno del TSJA en dos ocasiones, aunque todavía no ha sido aprobado porque, según un portavoz de la institución, aún queda por elaborar las conclusiones del documento final. En julio pasado el Pleno conoció el informe elaborado por el presidente de la Audiencia de Granada, José Requena, pero volvió a retrasarse su aprobación hasta la sesión que tendrá lugar el próximo mes de diciembre, lo que provocó la sorpresa entre algunos de los magistrados asistentes a la reunión, según comentaron fuentes judiciales.
Para la realización de esta investigación sobre las necesidades judiciales, el TSJA envió a todos los juzgados andaluces un cuestionario sobre las necesidades de las plantillas y las posibles incidencias en la cobertura de las bajas de los funcionarios que se hubiesen producido en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y abril de 2008. Entre las cuestiones planteadas a los responsables de los juzgados se encuentran si la dotación de la plantilla es adecuada o aceptable y el tiempo que la Administración autonómica tardó en cubrir la plaza: distinguiendo si la baja se ha cubierto en menos o más de un mes, más de tres meses, o incluso si seguía sin suplirse a la hora de dar respuesta al cuestionario. El TSJA también preguntaba por el sistema de control del horario laboral de los funcionarios y si la dirección de la plantilla se lleva a cabo de forma exclusiva por el juez o el secretario judicial, o por ambos.
El resultado de ese informe, a la espera de su finalización, viene a ratificar las principales carencias detectadas por los jueces y los sindicatos a la hora de cubrir las bajas de los funcionarios.
En el caso del titular del juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado, la comisión disciplinaria constató que el negociado que tramitaba la ejecutoria de Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, estuvo "casi seis meses" sin cubrirse de forma permanente, lo que incide en el retraso en la tramitación de las causas.
El informe también corrobora que desde hace un año y medio los interinos que llegan a los juzgados proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al haberse agotado la bolsa de interinos, con lo que estas personas no tienen conocimientos judiciales previos y, por tanto, no saben distinguir entre un auto o una providencia. Estos sustitutos ni siquiera reciben un curso de formación antes de comenzar la suplencia, lo que influye en la marcha del juzgado y provoca que otros funcionarios tengan que ayudarles, con la consiguiente pérdida de tiempo y una nueva demora en la tramitación de los asuntos. En los últimos meses, el SAE ha enviado para cubrir bajas en los juzgados a personas de oficios tan dispares como una puericultora, una peluquera o una ceramista.
Fuente: diariodesevilla.es
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