miércoles, octubre 22, 2008

Cantabria: Los secretarios judiciales secundaron mayoritariamente el paro

La Junta de Jueces de Santander y Torrelavega y los magistrados de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) han manifestado a través de sendos comunicados su rechazo a la "injerencia" de los responsables políticos en el Poder Judicial, cuya independencia han defendido, y han reclamado que se dote a la Administración de Justicia de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar su labor.


Así, las Juntas de Jueces de Santander y Torrelavega , reunidas ayer, aprobaron adherirse al comunicado emitido el pasado 8 de octubre por los jueces decanos de España, y expresaron su rechazo a la intromisión en las facultades disciplinarias que competen "exclusivamente" al CGPJ, considerando "intolerables" las indicaciones sobre la sanción "concreta" que debería imponerse, en referencia al 'caso Mari Luz'.

Los jueces de Santander confían en que el CGPJ "esté a la altura de las circunstancias como máximo garante de la independencia judicial" y consideran que las críticas vertidas pretenden "ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados".

En este sentido, rechazan la "forma demagógica de proceder de algunos responsables políticos que, ocultando su responsabilidad, la desplazan intencionadamente sobre los miembros del Poder Judicial, a quienes se presenta como cabezas de turco ante la sociedad".

En cuanto a las carencias, citan la "falta de adecuación" entre el volumen de trabajo que soportan los órganos judiciales y el número de los mismos, por lo que consideran "imprescindible" continuar con la ampliación de la planta judicial. También reclaman la implantación de un nuevo modelo de oficina judicial, que se ajuste a criterios "modernos de distribución y racionalización", así como el "avance sustancial" en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Concluyen que la "dignidad e importancia" de su función social exige un "pronto encauzamiento" para su solución, y "obviar este anhelo" podría abocarles a la adopción e medidas colectivas de "presión y protesta".

En la misma línea, los jueces de Torrelavega destacan que las "injerencias" de los poderes públicos y partidos políticos han alcanzado "cotas de menosprecio" hacia la función jurisdiccional "hasta hoy desconocidas", y exigen se solucionen las "carencias" de la Administración de Justicia, eliminando la "sobrecarga" de trabajo de los magistrados e incrementando el número de Juzgados existentes en España, donde hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 24 de Alemania, 19 de Grecia o 16 de Portugal.

En el caso de Torrelavega , consideran "imprescindible" la creación de dos Juzgados más, un equipo psicosocial que asista en el juzgado de guardia, peritos que dictaminen en el ámbito penal, un punto de encuentro e informatización del decanato.

Magistrados

Por su parte, los magistrados del TSJC, reunidos en pleno, manifestaron su apoyo a las Juntas de Jueces convocadas en el conjunto de los partidos judiciales de España como expresión de su "irrenunciable defensa de la independencia del Poder Judicial" y "exigencia" de que se dote a la Administración de Justicia de los medios humanos y materiales "imprescindibles" para cumplir su trabajo "con eficacia, responsabilidad y dignidad".

También el pleno de magistrados de la Audiencia Provincial manifestó su adhesión a los acuerdos adoptados por los presidentes de las Audiencias Provinciales españolas, así como a las Juntas de Jueces de Cantabria, y señaló que "el rechazo a lo que puede considerarse como una injerencia del poder ejecutivo en la facultad disciplinaria del máximo órgano de gobierno del poder judicial es expresión de un deseo de mejora" de este servicio público.

A su juicio, el "cambio y modernización" de estructuras de la Administración de Justicia es "ineludible", por cuanto "beneficia a todos los ciudadanos y garantiza un adecuado tratamiento" de los conflictos sometidos a decisión de los trinbuanles, así como su posterior ejecución, "objetivo para cuyo logro debe acometerse con urgencia reformas organizativas y técnicas de gestión eficaces".

Fuente: eldiariomontanes.es

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