El Ayuntamiento de Ibiza asegura que ha ofrecido al Ministerio de Justicia «toda la parcela de Sa Graduada, tanto la parte que se puede demoler como la protegida como Bien Catalogado». Además, explica que «la próxima aprobación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana)» de la ciudad «así lo recogerá, por lo que no existen motivos objetivos para que el Ministerio no acepte los terrenos».El Consistorio, a través de una nota de prensa, reacciona a las declaraciones realizadas por el conseller de Presidencia del Govern, Albert Moragues, en las que desvelaba que, durante la última reunión que mantuvo en Madrid para tratar el traspaso de las competencias de Justicia a la Comunidad, la directora general de Patrimonio del Ministerio aseguró que construir la nueva sede judicial en el solar del antiguo colegio exigiría retocar el PGOU de la ciudad, que precisamente el equipo de gobierno tiene previsto aprobar en el próximo pleno municipal.
«El equipo de Gobierno quiere manifestar su sorpresa por las últimas declaraciones del conseller (...), en las que deja entrever que existe algún problema para ubicar los nuevos Juzgados en el solar de la antigua Sa Graduada, pero reconoce que no sabe cuál es el problema». La complicación a la que hace referencia Moragues, «no es más que tener en cuenta la protección que se otorgó a una parte de Sa Graduada durante la pasada legislatura por parte del Consell de Ibiza», entonces dirigido por el Partido Popular.
Esta protección «quedará recogido en la documentación del nuevo PGOU», y de este hecho «se ha informado puntualmente al Ministerio de Justicia en los últimos contactos que se han mantenido entre administraciones».
Debido precisamente a estos contactos, el Consistorio considera que si existe «alguna otra complicación» o incluso «alguna razón que el Ministerio quiera esgrimir para no ubicar los Juzgados en este sitio, todavía no se ha dado a conocer al Ayuntamiento y no se deriva de ningún tipo de problema urbanístico ni de otro tipo».
Capital no reconocida
Vila recuerda su condición nunca reconocida oficialmente de capital de la isla y que no tiene competencias en este asunto, pero que no obstante «siempre ha estado a plena disposición del Govern y el Consell para solucionar este problema».
Por último, el Consistorio acusa a «determinados políticos del PP» de retrasar el proyecto al tomar la decisión, «absolutamente política y malintencionada», de proteger parte de Sa Graduada «en contra del criterio del Ayuntamiento». «La concejala [y portavoz del PP en el Ayuntamiento] Virtudes Marí haría mejor callando y no llenándose la boca con el concepto de `interés social´, ya que en opinión del equipo de Gobierno no sabe lo que significa».
Fuente: diariodeibiza.es
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