País Vasco: Los jueces exigen más protección

La preocupación de los jueces por su seguridad ante la ofensiva de ETA y los constantes ataques a los juzgados vascos han llevado a este colectivo a reclamar de manera oficial una reunión de la comisión mixta entre el Departamento de Justicia y los magistrados para revisar el estado actual de la amenaza etarra contra ellos y las medidas con que cuentan para protegerse. La cita se solicitó en medio de la tensión por el atentado perpetrado en Tolosa y que ha provocado un fuerte malestar entre los responsables de la Justicia en el País Vasco.


Desde que ETA rompió la tregua el año pasado, los juzgados vascos han sido atacados en cuatro ocasiones. En noviembre, la banda colocó una bomba en los tribunales de Guecho que no llegó a estallar. El artefacto era una trampa contra los artificieros. No fue detectada por la Ertzaintza y sólo un error en el montaje del mecanismo impidió que estallase, lo que evitó una masacre.

En diciembre, los miembros de la organización terrorista destrozaron los juzgados de Sestao con una bomba y en febrero volvieron a atacar un edificio judicial, esta vez en Vergara. En el caso de Tolosa, los terroristas eligieron como diana una sede que ha sufrido cuatro atentados con explosivos en doce años.

En ese contexto, en la judicatura se ha extendido una sensación de inseguridad, con grandes dudas sobre la protección de sus edificios. Uno de los factores que ha influido en esa impresión es el visionado de distintos vídeos tomados por las cámaras de vigilancia, que además se han hecho públicos. En las grabaciones se puede ver a la perfección cómo los terroristas se acercan con tranquilidad hasta la puerta de los edificios judiciales, dejan la bomba y, tras asegurarse de que está activada, se alejan sin ninguna prisa. En acciones como la de Sestao, es posible observar en las imágenes cómo los miembros del comando examinan la entrada y regresan una hora después para colocar la bomba en la puerta de los tribunales.

La comisión mixta de Justicia para estudiar la seguridad de los juzgados se creó en los años 90. Su primera crisis se vivió en 1996, precisamente cuando el Tribunal Superior del País Vasco emitió un comunicado oficial de protesta por la actuación de la Ertzaintza tras un atentado contra los juzgados de Tolosa. La consejería de Justicia, dirigida entonces por el socialista Ramón Jáuregui, y la de Interior -encabezada por Juan María Atucha, que también formaba parte del grupo de trabajo- decidieron que a la reuniones de supervisión se incorporasen representantes del Tribunal Superior, con el fin de conocer de primera mano las demandas de los magistrados e incorporarles a la toma de decisiones.

Acusaciones

La situación en la actualidad ha cambiado de forma radical. El nivel de enfrentamiento entre el Gobierno vasco y los jueces no tiene precedentes. Desde que el Tribunal Superior de Justicia inició el procesamiento del lehendakari Juan José Ibarretxe por su reunión con la ilegalizada Batasuna la tensión ha ido en aumento de una manera descontrolada. El Ejecutivo ya advirtió a los jueces que abrir el sumario contra el presidente vasco «no será gratuito». Poco después, retiró a los magistrados los pisos que la consejería de Justicia tenía en propiedad para que sirviesen de residencia a magistrados y fiscales.

El cruce de declaraciones entre Poder Judicial y Ejecutivo autónomo ha continuado con decisiones como la del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, que en 2007 pasado decidió hacer un plante a los magistrados en la apertura del año judicial y no acudió al acto. Este año sí que asistió al evento, aunque nada más terminar realizó duras declaraciones contra el presidente del tribunal, Fernando Ruiz Piñeiro, al que acusó de «no tener una actitud democrática». La inminencia del juicio contra Ibarretxe, que tendrá lugar el 8 de enero, ha roto ya todos los puentes entre el tripartito y los representantes de la Justicia.

Además de la comisión mixta con el Departamento de Justicia, los jueces también han reclamado al Ministerio y al Departamento de Interior un aumento de sus medidas personales de seguridad ante la amenaza de la banda terrorista. En febrero, la cúpula del Tribunal Superior se reunió con el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y con el viceconsejero de Interior, Mikel Legarda, para analizar un incremento en el número de escoltas. Los magistrados no vieron atendidas sus reclamaciones en la cita, por lo que han vuelto a hacer públicas sus peticiones de más protección y de dotación de mejores medios para sus escoltas.

Fuente: elcorreodigital.com