La presidenta de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugenia Alegret, ha denunciado que el 40% de los funcionarios de los juzgados catalanes son interinos ya que desde el 2003 el Ministerio de Justicia no ha finalizado ningún proceso de selección. Alegret ha efectuado esta denuncia en Lérida, donde se ha celebrado una reunión de la sala de gobierno para analizar con los representantes del ámbito judicial de la demarcación la problemática de los órganos judiciales leridanos.
La presidenta ha concretado que este porcentaje del 40% de personal interino en algunos juzgados es hasta del 80%, lo que puede conllevar que haya "errores" como el del caso Mari Luz. "Hay juzgados en que el 80% del personal es interino, que son trabajadores que le ponen mucha voluntad pero que no tienen la formación necesaria ni los conocimientos mínimos procesales para llevar una oficina judicial, de manera que muchos no saben lo que tienen entre manos. En situaciones así es muy probable que se produzcan errores", ha advertido.
Alegret ha explicado que esta situación es especialmente grave en los juzgados penales, ya que a la falta de una plantilla suficiente se ha de sumar el incremento de los casos y, sobre todo, de las resoluciones ejecutorias debido al aumento de los delitos relacionados con el tráfico y la seguridad viaria. "Muchos juzgados penales catalanes tienen problemas serios de funcionamiento. Se está intentando poner refuerzos pero estos no son suficientes. Nosotros hace un año, antes de que pasara lo del caso Mari Luz, ya propusimos un plan de medidas para mejorar el funcionamiento de los juzgados penales, pero no tenemos recursos para tirarlo adelante", ha dicho.
En este sentido, ha concretado que en la memoria del 2007 el TSJC estableció que en Cataluña hacían falta un total de 88 juzgados nuevos para hacer frente a la situación actual, de los cuales 55 eran preferentes y 33 muy urgentes. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha aprobado sólo 20 para el año 2009. Por otro lado, en cuanto a la polémica sobre el uso del catalán en los juzgados, Alegret ha explicado que hay un acuerdo tácito de que los jueces se tienen que amoldar a lo que pidan los usuarios de la justicia, ya que estos deben poder hacer uso de su derecho a expresarse en catalán y es el juez el que, si no lo entiende, debe recurrir a un traductor.
Sin embargo, Alegret aboga por que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial ya que su artículo 231 deja a la discreción del juez la elección del idioma en el que se va a desarrollar un juicio.
Fuente: lavanguardia.es
La presidenta ha concretado que este porcentaje del 40% de personal interino en algunos juzgados es hasta del 80%, lo que puede conllevar que haya "errores" como el del caso Mari Luz. "Hay juzgados en que el 80% del personal es interino, que son trabajadores que le ponen mucha voluntad pero que no tienen la formación necesaria ni los conocimientos mínimos procesales para llevar una oficina judicial, de manera que muchos no saben lo que tienen entre manos. En situaciones así es muy probable que se produzcan errores", ha advertido.
Alegret ha explicado que esta situación es especialmente grave en los juzgados penales, ya que a la falta de una plantilla suficiente se ha de sumar el incremento de los casos y, sobre todo, de las resoluciones ejecutorias debido al aumento de los delitos relacionados con el tráfico y la seguridad viaria. "Muchos juzgados penales catalanes tienen problemas serios de funcionamiento. Se está intentando poner refuerzos pero estos no son suficientes. Nosotros hace un año, antes de que pasara lo del caso Mari Luz, ya propusimos un plan de medidas para mejorar el funcionamiento de los juzgados penales, pero no tenemos recursos para tirarlo adelante", ha dicho.
En este sentido, ha concretado que en la memoria del 2007 el TSJC estableció que en Cataluña hacían falta un total de 88 juzgados nuevos para hacer frente a la situación actual, de los cuales 55 eran preferentes y 33 muy urgentes. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha aprobado sólo 20 para el año 2009. Por otro lado, en cuanto a la polémica sobre el uso del catalán en los juzgados, Alegret ha explicado que hay un acuerdo tácito de que los jueces se tienen que amoldar a lo que pidan los usuarios de la justicia, ya que estos deben poder hacer uso de su derecho a expresarse en catalán y es el juez el que, si no lo entiende, debe recurrir a un traductor.
Sin embargo, Alegret aboga por que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial ya que su artículo 231 deja a la discreción del juez la elección del idioma en el que se va a desarrollar un juicio.
Fuente: lavanguardia.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario