Ante un posible atentado contra la estabilidad laboral y la independencia del Poder Judicial, los sindicatos de funcionarios judiciales emplazan a la Corte para que resuelva la vigencia de la ley de la Función Pública. Amenazan con una huelga.Porfiria Ocholawsky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), manifestó que la decisión de una probable paralización total de la justicia y el emplazamiento por 15 días a la Corte se tomó en una asamblea que apoyan los tres sindicatos más importantes del Poder Judicial.
La gremialista manifestó que la vigencia de ciertos artículos de la Ley 1626, de la Función Pública, atenta la estabilidad laboral de los funcionarios ya que mediante decretos del Poder Ejecutivo fueron despedidos trabajadores estatales que contaban con antigüedades de 20 a 30 años, inclusive.
Ocholawsky también manifestó que dicha ley conspira contra la independencia del Poder Judicial al dejar en manos de la Secretaría de la Función Pública la decisión de contratar a los funcionarios de todo un poder del Estado.
“Esta ley solamente le faculta al Poder Judicial a nombrar a choferes y ascensoristas. Quiere decir que la Secretaría de la Función Pública es la que debe decidir cuáles son las personas aptas para el cargo de ujier, de actuario judicial, y otros más. Eso no vamos a aceptar los gremios. A partir de ahora defenderemos las garantías de todos los funcionarios judiciales”, indicó Ocholawsky.
Los sindicatos argumentan que la independencia del Poder Judicial se ve coaccionada cuando el Ministerio de Hacienda recorta el presupuesto de la institución. El único habilitado para hacerlo es el Congreso Nacional, dijeron.
Los gremialistas reseñaron que la inconstitucionalidad contra la Ley 1626 fue presentada en el 2001, y a pesar de haber un dictamen favorable de la Fiscalía General del Estado, la Corte aún no se expidió sobre la vigencia o no de dicha normativa.
Representantes del Primer Sindicato de Trabajadores Judiciales del Paraguay (Prisintrajupar), del Sindicato de Registros Públicos (Sifurep), así como del Ministerio Público y de la Justicia Electoral acompañan el emplazamiento a la Corte.
Fuente: ABC Digital
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