La Junta de Jueces de lo Penal de Málaga se saldó con una queja a la Administración y una advertencia para todos: los juzgados de lo Penal de Málaga se encuentran en una situación "absolutamente insostenible y caótica". No disponen de medios materiales ni personales para absorber una carga de trabajo creciente. En lo que va de año, los tribunales de lo penal han tramitado 10.613 asuntos, 2.300 más que en el mismo período del año anterior.
Además de los juicios celebrados, los jueces han dictado en los primeros nueve meses del año 4.059 sentencias, casi el doble que las falladas un año antes.
Así las cosas, el funcionamiento de la justicia se resiente cada día: además de las miles de sentencias condenatorias que no han sido ejecutadas, los jueces alertan de que los juicios rápidos tardan una media de tres meses en celebrarse.
Tras exponer las carencias, los magistrados han detallado las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para paliar el descontrol en las sedes judiciales que se encargan de dirimir delitos de calado como los de tráfico, malos tratos, atracos, robos...
En primer lugar, los jueces plantean la necesidad de acortar el horario de audiencia al público a cuatro horas, de 9:00 a 13:00 horas, aunque advierten que la medida sería de forma excepcional y sólo durante un año. En este caso, el juez decano, Manuel Caballero Bonald, daría cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a los colegios de abogados y procuradores.
Además, los jueces proponen a la administración que constituya uno o varios juzgados de los Penal en aquellas localidades de la provincia que por su población y volumen de trabajo justifiquen esa implantación. Se trataría de municipios como Marbella, Fuengirola, Estepona, Torremolinos o Vélez-Málaga.
Actualmente, los 10 juzgados de lo Penal de Málaga absorben, a modo de embudo, los juicios de todos los juzgados de la provincia de Málaga, incluidos los tres recién implantados de violencia sobre la mujer.
Los jueces ven "necesario" la creación de nuevos juzgados y la incorporación de, al menos, dos funcionarios más por cada sede judicial.
Mientras esto se produce, reclaman que, al menos, no sean relevados los 15 funcionarios que fueron asignados a los juzgados de lo Penal de forma temporal el pasado mes de abril.
Este refuerzo temporal de la plantilla se produjo después del asesinato de la niña Mari Luz en Huelva a manos de un pederasta condenado, pero que no había ido a prisión porque no se había ejecutado la sentencia.
En ese momento, el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, reconocía con impotencia que los juzgados penales de la capital acumulaban 12.000 sentencias que no habían sido ejecutadas y que "el caso de Del Valle puede pasar aquí en cualquier momento".
Los funcionarios de refuerzo entraron por un período de tres meses y ahora están a punto de ser relevados de sus funciones.
La junta de jueces expresaba su malestar a este respecto: "Es precisamente ahora cuando empezaban a notarse los efectos positivos de dicho apoyo y cuando los funcionarios integrantes del refuerzo habían adquirido la experiencia necesaria y conocimientos para desarrollar su trabajo de forma aceptable. Y es ahora cuando se plantea de forma incomprensible el cese de ese refuerzo", se quejaron en un comunicado.
Los jueces, en sintonía con la junta de personal de la Administración de Justicia, vienen reclamando la creación de cinco nuevos juzgados de lo penal y la incorporación de dos funcionarios más por cada juzgado, como única forma de garantizar el correcto funcionamiento de la justicia.
Fuente: malagahoy.es
Además de los juicios celebrados, los jueces han dictado en los primeros nueve meses del año 4.059 sentencias, casi el doble que las falladas un año antes.
Así las cosas, el funcionamiento de la justicia se resiente cada día: además de las miles de sentencias condenatorias que no han sido ejecutadas, los jueces alertan de que los juicios rápidos tardan una media de tres meses en celebrarse.
Tras exponer las carencias, los magistrados han detallado las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para paliar el descontrol en las sedes judiciales que se encargan de dirimir delitos de calado como los de tráfico, malos tratos, atracos, robos...
En primer lugar, los jueces plantean la necesidad de acortar el horario de audiencia al público a cuatro horas, de 9:00 a 13:00 horas, aunque advierten que la medida sería de forma excepcional y sólo durante un año. En este caso, el juez decano, Manuel Caballero Bonald, daría cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a los colegios de abogados y procuradores.
Además, los jueces proponen a la administración que constituya uno o varios juzgados de los Penal en aquellas localidades de la provincia que por su población y volumen de trabajo justifiquen esa implantación. Se trataría de municipios como Marbella, Fuengirola, Estepona, Torremolinos o Vélez-Málaga.
Actualmente, los 10 juzgados de lo Penal de Málaga absorben, a modo de embudo, los juicios de todos los juzgados de la provincia de Málaga, incluidos los tres recién implantados de violencia sobre la mujer.
Los jueces ven "necesario" la creación de nuevos juzgados y la incorporación de, al menos, dos funcionarios más por cada sede judicial.
Mientras esto se produce, reclaman que, al menos, no sean relevados los 15 funcionarios que fueron asignados a los juzgados de lo Penal de forma temporal el pasado mes de abril.
Este refuerzo temporal de la plantilla se produjo después del asesinato de la niña Mari Luz en Huelva a manos de un pederasta condenado, pero que no había ido a prisión porque no se había ejecutado la sentencia.
En ese momento, el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, reconocía con impotencia que los juzgados penales de la capital acumulaban 12.000 sentencias que no habían sido ejecutadas y que "el caso de Del Valle puede pasar aquí en cualquier momento".
Los funcionarios de refuerzo entraron por un período de tres meses y ahora están a punto de ser relevados de sus funciones.
La junta de jueces expresaba su malestar a este respecto: "Es precisamente ahora cuando empezaban a notarse los efectos positivos de dicho apoyo y cuando los funcionarios integrantes del refuerzo habían adquirido la experiencia necesaria y conocimientos para desarrollar su trabajo de forma aceptable. Y es ahora cuando se plantea de forma incomprensible el cese de ese refuerzo", se quejaron en un comunicado.
Los jueces, en sintonía con la junta de personal de la Administración de Justicia, vienen reclamando la creación de cinco nuevos juzgados de lo penal y la incorporación de dos funcionarios más por cada juzgado, como única forma de garantizar el correcto funcionamiento de la justicia.
Fuente: malagahoy.es
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