El caos del juez Tirado

Uno no querría que lo juzgaran en este edificio deprimente. Calle Menéndez Pelayo, 2. Juzgados de Instrucción y Penales de Sevilla. Las salas de vistas están bien amuebladas, pero las oficinas dan miedo, pena, agobio, indignación. Los antiguos letreros transparentes con letras doradas de molde que presidían cada puerta, dando prestancia y dignidad al lugar, están casi todos mellados y sucios: «Sr. ...uez», «S...ría». Para que los ciudadanos no se pierdan, ha habido que señalar las dependencias con papeles pegados de aquella manera.


El Juzgado de lo Penal número 1, del que es titular Rafael Tirado, envuelto en la polémica por su actuación en el caso Mari Luz, está en un pasillo sombrío de la tercera planta, en el ala izquierda del edificio. Aún no se ha acallado la controversia por la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial: 1.502 euros de multa que a él se le han antojado injustos, pero que a la familia de Mari Luz y a buena parte de la sociedad le han parecido un correctivo de lo más benigno. Ahora, además, se entera que los cuatro funcionarios de su juzgado con plaza fija pedirán el traslado a final de año.

En el pasillo junto a la puerta del tribunal de Tirado, hay un tablón de anuncios donde se amontonan sin orden un puñado de ejecutorias y requisitorias antiguas firmadas por el juez y la secretaria. El magistrado, al ver que el periodista toma nota del contenido de los documentos y coge una copia, lo reprende y ordena retirarlos enseguida.

Algunas órdenes estaban caducas. Como la 59/2004, en el que acuerda sacar a pública subasta el coche Ford Escort de un condenado por atentado, falta de lesiones y falta de orden público. O la requisitoria del 2 de mayo de 2008 por la que pide a la Policía que busque, detenga y lleve al juzgado a una mujer para citarla a juicio por coacciones y daños. Una orden similar a la que Tirado dictó contra Santiago del Valle -el presunto asesino de Mari Luz- en marzo de 2006, en la que pedía que se le localizara para su ingreso en prisión tras haber sido condenado por abusos a su propia hija.

Mientras Tirado hacía a Del Valle en paradero desconocido, éste se dejaba ver los días 1 y 15 de cada mes en la planta de abajo, en el juzgado 8, que lo investigaba por un caso de abuso a una menor. Acudía a firmar puntualmente, cumpliendo la medida cautelar que se le había impuesto. Un sin sentido. Para colmo, el Juzgado Penal 4 (el CGPJ tampoco ha visto responsabilidad en su titular, Rafael Díaz Aroca), en la primera planta, lo había condenado por abusar de otra niña, pero no lo había encarcelado porque no sabía que tenía ya una condena firme dos pisos más arriba.

El decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, se admira de que su compañero no se haya dado de baja a pesar de la presión mediática, política y popular que pesa sobre él. «No se le está respetando su presunción de inocencia», dice. Cuentan que cuando en marzo pasado trascendió su nombre como el del juez que no había encarcelado a Del Valle, Tirado proclamó: «Es de cobardes irse ahora».

Y aquí está. Entre los pasillos y las oficinas vetustas de unos juzgados que parecen anclados en la España de hace 30 años. Se nota que a Tirado el caso Mari Luz le ha pasado factura. El síntoma externo más evidente es que ha perdido mucho peso. Añaden que también ha vuelto a fumar. Rechaza hablar con el periodista con el tono cortés y pausado que tantas simpatías le ha granjeado en la profesión.

Se dispone a comenzar su jornada laboral. Tirado es asistido por 10 funcionarios: la secretaria, Juana Gálvez, y ocho funcionarios (uno está de baja), entre agentes judiciales, oficiales y auxiliares. Ya trabajaban en un entorno deprimente -dos oficinas comunicadas entre sí no más grandes que un apartamento, con cajas de expedientes amontonados sobre las mesas y recubriendo las paredes- pero el foco bajo el que les ha colocado el caso Mari Luz ha acabado de fatigarlos.

Una funcionaria se lamentaba de las horas extras que han tenido que hacer desde que estalló el escándalo para acabar con los casos pendientes. Puesto que la Junta se niega a pagárselas, han decidido no esforzarse más allá de su horario oficial y se marchan a las tres. El enorme volumen de trabajo -en el juzgado desembocan además de los casos de delincuencia común los de violencia doméstica y los de seguridad vial- es la causa de que los cuatro funcionarios titulares hayan pedido el traslado.

COLAPSADOS

Porque, pese a saberse que si el juzgado hubiera funcionado con mayor diligencia y celeridad, Mari Luz Cortés probablemente seguiría viva, poco ha cambiado en los dominios de Tirado, siempre colapsados por el trabajo pendiente.

Cierto es que tras el escándalo, la Junta de Andalucía ha reforzado tres juzgados penales de Sevilla con siete funcionarios, y que dos de ellos han ido al tribunal de Tirado. Pero se trata de dos novatas reclutadas de las listas del Servicio Andaluz de Empleo, una licenciada en Derecho y otra en Psicología, a las que hay que enseñar desde cero.

-¡Asesino!, ¡a la calle!

Rafael Tirado -45 años, 16 en la carrera judicial, casado y padre de cinco hijos- podría haber escuchado los gritos que se colaban a través de las ventanas desde la sala de vistas número 14, en la tercera y última planta del edificio. Los proferían hacia los despachos judiciales algunos de los manifestantes convocados por otro padre de familia: Juan José Cortés, de 38 años, pastor evangelista y entrenador de fútbol.

-¡Juez Tirado, asesino!

Los chillidos de algunos de esos vecinos del humilde y durante mucho tiempo marginado Torrejón de Huelva -donde vivía la pequeña Mari Luz- arrancaban escalofríos. No fueron secundados (aunque tampoco acallados) por Juan José Cortés, el padre la niña asesinada, cuyo lema aquel día era irreprochable de tan elemental: «Caso Mari Luz. Por una justicia justa».

La escena tuvo lugar el 7 de julio, después de que se filtrara que el instructor del expediente del CGPJ abierto contra el juez iba a proponer que se le sancionara sólo por una falta grave castigada con una multa inferior a 6.000 euros.

El juez Tirado no oyó en ese momento los gritos indignados de los 200 manifestantes porque ese día no acudió a los juzgados. Pero los pudo escuchar luego, mil veces amplificado, en los medios de comunicación que difundieron la protesta y esa acusación, ese desgarrado insulto: «¡Asesino, asesino, asesino!»

La indignación se redobló cuando el pasado 10 de septiembre se acordó sancionar a Tirado -miembro de la también conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y su portavoz en Andalucía durante años- con 1.502 euros de multa. La decisión puso de acuerdo por una vez al Gobierno y a la oposición, a PSOE y a PP, a Zapatero y Rajoy, quienes la calificaron de inadmisible y pidieron un castigo más ejemplar para el juez.

Mientras la sociedad cargaba contra él, unos minutos después de las 10 de la mañana, Rafael Tirado comenzaba su rutina en la sala de vistas número 14. Tiene ante sí una tarea apabullante. Este año ha incoado ya 496 órdenes para ejecutar condenas y tiene en ejecución 800 sentencias y otras 300 pendientes de poner en marcha, 1.100 en total. Tres días a la semana, los consagra a celebrar litigios. Llega rápido, vestido con su brillante toga negra y sus puñetas blancas, da los buenos días al periodista que espera en la puerta y entra cerrando la puerta detrás. Ahora no admite cámaras en sus juicios. Y hoy tampoco deja entrar ni siquiera al redactor, a pesar de que la funcionaria que llama a los testigos confirma que la vista es pública.

El primer juicio que se celebra, cuentan los abogados, es contra un hombre ya mayor al que su mujer y el fiscal acusan de un delito de abandono de hogar por no pagarle la pensión. Pero el abogado defensor demuestra que el hombre sí ha pagado a su ex mujer y el fiscal retira los cargos. Las declaraciones de testigos y letrados se ventilan en apenas 20 minutos. Un juicio más, una sentencia -que tendrá que redactar en su casa, por la tarde o por la noche, como tantos jueces, porque las mañanas son para las vistas y para controlar los trámites del juzgado- y una ejecutoria más.

Los casos de esta mañana son pan comido para un juez que con 28 años, en su primer destino, en Barbate (Cádiz), ya instruía un sumario con tanta repercusión política como el caso urbanístico Puerto de la Plata contra Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Luego condujo a buen puerto, con un acuerdo entre las partes, el macrojuicio del caso Bazar España, por el derrumbe de un muro que mató a cinco personas en Sevilla y que llevó al banquillo a arquitectos y funcionarios municipales.

Cuando acaba la vista, se entreabre la puerta. La abogada de la acusación particular le estrecha la mano y le expresa su apoyo. El se lo agradece. Antes de que empiece el segundo juicio, se levanta, se gira y se pone a mirar por la ventana hacia las jacarandas de la calle mientras se mesa con las manos su espeso pelo negro, como si buscara aire más allá de los muros de los juzgados.

Cuando acaba su jornada, emprende el viaje de regreso a su casa en el pueblo sevillano de Lora del Río, en cuyo juzgado tuvo su segundo destino tras Barbate (luego vendrían dos años en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ceuta hasta su traslado a la plaza actual destino que le ha dado tanto prestigio y este último quebranto).

CINCO HIJOS

En Lora del Río conoció a la hija de un médico del pueblo, se casó con ella y tuvo a sus cinco hijos, todos aún pequeños. Algunas veces, en sus ratos libres, sale al bar de enfrente a tomar algo con amigos. Muchos vecinos se le acercan estos días para mostrarle su apoyo y darle ánimos. Hay quien dice que lo ha visto seguido por un escolta. Aunque el decano de Sevilla dice que ni siquiera le consta que hayan llegado mensajes amenazantes al juzgado, habría sido ofrecido por el Ministerio del Interior ante el temor de que sea agredido por algún simpatizante extremo de la causa de Juan José Cortés. Pero lo normal es que pasee en solitario.

En la puerta de los juzgados, el abogado Ricardo Corzo lo defiende sin dudarlo: «Es de los mejores y de los más humanos. Muy justo. Nada autoritario. Sus sentencias las fundamenta muy bien. A nivel comparativo, le mete goles por la escuadra a otros jueces penales. No se le puede echar la culpa porque el responsable de la oficina judicial de un juzgado es el secretario», sostiene.

Otro abogado -venido de fuera de Sevilla, ha tenido su primer juicio con Tirado- aporta la única voz claramente crítica. «Hoy ha estado correcto. Era un caso sencillo. Pero si me preguntas mi opinión sobre su sanción, te diré que me parece vergonzosa. Es más baja que su sueldo. Ya se sabe, entre compañeros, le han pasado la mano, por ser de la mayoría conservadora. Aunque tenga 1.000 sentencias por ejecutar, las que se refieren a casos de abusos sexuales son una minoría manejable. Son tíos peligrosos a los que tiene la obligación de controlar. A ver cómo se lo dices a los padres de la niña. No, no tiene excusas. Su error no es grave, es muy grave. Lo que procede es la separación de la carrera. Pero quieren crear una especie de responsabilidad difusa».

En el gremio lo arropan. Entre los 4.543 jueces y magistrados en activo que hay en España -10,05 por cada 100.000 habitantes, 9,46 en Andalucía-, «le ha tocado a él», dicen en su defensa casi todos a los que se les pregunta en el edificio judicial. Como si fuera una confabulación del azar para hundir a un magistrado que, subrayan, no sólo no «pasa» de su juzgado sino que supera las 450 sentencias anuales que fija el CGPJ como tope medio razonable del trabajo de un juez.

Hasta ahora, el juez Tirado sólo tenía dos borrones en su historial. Una multa de 50.000 pesetas -300 euros-, en Lora del Río, por no ordenar a tiempo el reconocimiento de una niña de dos años con signos de haber sido agredida por su padre. Cuando lo hizo, varias semanas después, ya no quedaba ni rastro de los hematomas. Y otra condena menor por conducir superando los límites de alcohol cuando era joven. Esas tachas en su distinguida trayectoria se contrapesaban con los premios del Instituto Andaluz de la Mujer y la Fundación Plácido Fernández Viagas por su lucha a favor de las mujeres maltratadas.

Tirado no ha pedido disculpas ni se ha puesto en contacto con los familiares de Mari Luz. Se considera inocente. Entre sus compañeros recuerda que precisamente fue él, por el contrario, quien se empeñó en su día en condenar a Del Valle a pesar del criterio inicial de la Fiscalía. El error que propició que Santiago del Valle siguiera libre, lo achaca a que la Junta no sustituyó con diligencia a la funcionaria encargada de tramitar la ejecutoria, de baja por un esguince. Miembro de una familia donde hay otros seis magistrados, ha contado con la mejor defensa para preparar su recurso a la sanción, el abogado Francisco Baena Bocanegra, uno de los más prestigiosos penalistas del país, y el ex decano de los jueces de Sevilla y ahora letrado, Alfonso Martínez Escribano.

«Alguien sin escrúpulos, que lo único que ha intentado es salvaguardar su sueldo y su puesto de trabajo», ha dicho de él Juan José Cortés.

Fuente: elmundo.es