Argentina. Los funcionarios judiciales se sumaron al debate acerca de cómo deben ser cubiertas transitoriamente las vacantes que hay en la Justicia. El centro que los agrupa sugirió que, si es sancionada una ley que permita la designación de jueces subrogantes o provisorios, se tenga en cuenta a secretarios, prosecretarios y relatores que, por su experiencia y por su contacto con las causas, no necesitarían un tiempo de adecuación a la función, como sí sucedería si se nombrara abogados que ejercen la profesión.
La asociación, que encabeza Roque Medina, envió sendas notas al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur. En ellas, se recordó que “muchos de los actuales magistrados fueron anteriormente funcionarios judiciales” y, asimismo, que muchas de las oficinas actualmente vacantes “mantienen su actividad sin pausa y con eficiencia debido al desempeño de funcionarios”.
El tiempo como factor
Medina, Roberto Tejerina (secretario) y Luis Suárez (tesorero) fueron terminantes. “La celeridad se hace efectiva no sólo por el modo de cubrir la vacante, sino también por el período necesario para que el subrogante pueda tomar contacto e interiorizarse con el contenido de las causas. En el caso de los funcionarios, por estar despachando diariamente proyectos de decretos y de resoluciones (interlocutorias y definitivas) relacionados con aquellas, el tiempo se verá reducido al mínimo posible, en comparación con un postulante externo al servicio de justicia”.
Desarrollo de gestión
Después de haber aclarado que una subrogancia no puede extenderse demasiado, los funcionarios insistieron en que el principio de la eficacia juega a favor de quienes, por muchos años de experiencia en distintas oficinas, fueros e instancias, están familiarizados con el desarrollo cotidiano de la gestión.
En cambio, advirtieron: “en el caso de un postulante externo (a la Justicia) el tiempo necesario para su adecuación podría ser igual al necesario para que su misión (como magistrado interino) concluyera”.
Los dirigentes destacaron que también hay razones económicas, porque si se designara a funcionarios como jueces subrogantes sólo habría que pagarles transitoriamente las “diferencias entre un cargo y otro”. Por eso, recalcaron: “esta vasta capacitación y experiencia de gestión debería estar plasmada (en el hipotético proyecto de ley) no sólo como un reconocimiento a una entrega con dedicación total y responsable, sino como una garantía de un sensible mejoramiento de la administración de justicia, por la que tanto clama la sociedad”.
Fuente: La Gaceta.com
La asociación, que encabeza Roque Medina, envió sendas notas al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur. En ellas, se recordó que “muchos de los actuales magistrados fueron anteriormente funcionarios judiciales” y, asimismo, que muchas de las oficinas actualmente vacantes “mantienen su actividad sin pausa y con eficiencia debido al desempeño de funcionarios”.
El tiempo como factor
Medina, Roberto Tejerina (secretario) y Luis Suárez (tesorero) fueron terminantes. “La celeridad se hace efectiva no sólo por el modo de cubrir la vacante, sino también por el período necesario para que el subrogante pueda tomar contacto e interiorizarse con el contenido de las causas. En el caso de los funcionarios, por estar despachando diariamente proyectos de decretos y de resoluciones (interlocutorias y definitivas) relacionados con aquellas, el tiempo se verá reducido al mínimo posible, en comparación con un postulante externo al servicio de justicia”.
Desarrollo de gestión
Después de haber aclarado que una subrogancia no puede extenderse demasiado, los funcionarios insistieron en que el principio de la eficacia juega a favor de quienes, por muchos años de experiencia en distintas oficinas, fueros e instancias, están familiarizados con el desarrollo cotidiano de la gestión.
En cambio, advirtieron: “en el caso de un postulante externo (a la Justicia) el tiempo necesario para su adecuación podría ser igual al necesario para que su misión (como magistrado interino) concluyera”.
Los dirigentes destacaron que también hay razones económicas, porque si se designara a funcionarios como jueces subrogantes sólo habría que pagarles transitoriamente las “diferencias entre un cargo y otro”. Por eso, recalcaron: “esta vasta capacitación y experiencia de gestión debería estar plasmada (en el hipotético proyecto de ley) no sólo como un reconocimiento a una entrega con dedicación total y responsable, sino como una garantía de un sensible mejoramiento de la administración de justicia, por la que tanto clama la sociedad”.
Fuente: La Gaceta.com
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