Dívar le manda a Bermejo un "¿Por qué no te callas?"

José Luis Rodríguez Zapatero tiene un nuevo motivo de preocupación: la rebelión de los jueces. La escalada del conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial, salpicada de acusaciones mutuas de corporativismo, injerencias y deslealtad, amenaza con convertirse en una guerra abierta de descalificaciones, alimentada casi a diario desde ambos frentes.


Si el domingo era el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el que disparaba su munición contra jueces, secretarios judiciales y magistrados del Tribunal Supremo, el lunes fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el encargado de repeler el ataque. El órgano de gobierno de los jueces que preside Carlos Dívar exigió a Fernández Bermejo que "respete" la independencia judicial, incluida la del alto tribunal, y le recomendó "serenidad".

Este nuevo intercambio de fuego cruzado se produce cuando aún no se han apagado los ecos de la jornada de paro protagonizada la pasada semana por jueces y secretarios judiciales en toda España, la primera desde la transición democrática. La protesta, seguida masivamente por ambos colectivos, fue convocada en respuesta a la "secular carencia" de medios humanos y materiales en los juzgados, a las "presiones políticas" para que el CGPJ endurezca la sanción impuesta al juez sevillano Rafael Tirado por el llamado caso Mari Luz y a las "represalias" contra Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla castigada con dos años de empleo y sueldo por no haber ejecutado una condena dictada con anterioridad contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense.

Fernández Bermejo, en una entrevista publicada el domingo en el diario El País, se sacaba la espina de esa histórica protesta judicial, que ha reavivado las críticas hacia uno de los miembros más cuestionados del Ejecutivo socialista. Para empezar, el titular de Justicia justificaba la sanción impuesta a Gálvez. "La gravedad de los hechos exigía una sanción de este tipo", aseguraba el ministro, que, a continuación, acusaba a los secretarios judiciales de haber actuado en defensa de sus "intereses corporativos", y no para denunciar la falta de inversión en los juzgados y la escasez de medios. "Si fuera cierto tendríamos casos como éste todos los días", señalaba Bermejo, en alusión al caso Mari Luz, "y esto es excepcional".

El ministro también ponía en su punto de mira al colectivo de jueces, al que enviaba una clara advertencia por su supuesto corporativismo: "Nadie en democracia es intocable. Si alguien comete una negligencia en su trabajo, hay consecuencias". Pero, sobre todo, Fernández Bermejo lanzaba su artillería pesada contra el Tribunal Supremo, que hace diez días, en un gesto sin precedentes, hizo público un comunicado firmado por la inmensa mayoría de sus magistrados en el que denunciaba la "intolerable intromisión" del Gobierno en el expediente disciplinario abierto al juez Tirado, pendiente de resolución por el CGPJ. "Es evidente que la actitud del Supremo", replicaba Bermejo el domingo, "también es una injerencia en la actividad del Poder Judicial".

"Respeto" al Tribunal Supremo

La respuesta del CGPJ a los ataques del ministro no se demoró ni siquiera 24 horas. El lunes, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces -de la que forman parte, además del propio Dívar, los vocales Margarita Robles, Antonio Dorado, Manuel Almenar y Almudena Lastra- hizo público un comunicado en el que exige que se "respete la labor que realizan el Tribunal Supremo y demás órganos jurisdiccionales". El comunicado, sorprendentemente, no citaba de forma expresa a Fernández Bermejo, pero fuentes del CGPJ aseguraron que su único destinatario era el titular de la cartera de Justicia, a cuyas últimas acusaciones se refería el texto con este circunloquio: "Ante las declaraciones efectuadas en algunos medios de comunicación este fin de semana...".

El comunicado, además, hacía "un llamamiento para que se mantenga un clima de serenidad que permita a todas las instituciones del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar las funciones que constitucional y legalmente les vienen encomendadas". Un enunciado manifiestamente mejorable en la claridad de sus formas, pero inequívocamente contundente en el fondo: la defensa de la independencia del Poder Judicial frente a las injerencias políticas.

Fuente: elconfidencial.com