La directora del Instituto Nacional de Toxicología (INT) en Madrid, Teresa Tena, cree que “llevaría años” identificar con pruebas de ADN a los 114.226 desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo cuyo paradero pretende averiguar el juez de la Audiencia Nacional Baltasar GarzónTena y la jefa del servicio de Biología de este organismo, Gloria Vallejo, explican que “sería muy difícil” abordar todas esas identificaciones porque supondría un gasto “incalculable” en “inversión de tiempo y de personal”.
En cuanto al gasto económico, las pruebas genéticas a todos esos desaparecidos tendrían un coste total superior a los 137 millones de euros, teniendo en cuenta, señalan, que una normativa de 1999 fija en unos 1.200 euros el precio público de un análisis de ADN en una muestra de esa antigüedad.
Por todo ello, la directora del Instituto Nacional de Toxicología, que cuenta con laboratorios en Madrid, Barcelona, Sevilla y Tenerife, cree que las pruebas de ADN deben ser “la última opción”, “el último eslabón de la cadena” tras recurrir a estudios históricos y antropológicos para una identificación previa, lo que se traduciría en “el menor número posible de análisis”.
Respecto al ofrecimiento del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de poner a disposición de Garzón los servicios del INT para las identificaciones, Tena matiza que abordar esa tarea “supondría una carga que estaríamos dispuestos a asumir, pero no de manera inmediata”.
“Sería un trabajo que se alargaría años”, pronostica, al destacar que se trataría de “un trabajo extraordinario”, “suplementario” al diario, y al que no podrían dedicar el tiempo completo que se dedica a las identificaciones urgentes como fueron las del 11-M o las del accidente aéreo de Barajas.
No obstante, cree que, tras pasar el filtro de los arqueólogos -que son los que abren la fosa de forma organizada- y el de los antropólogos, “no nos llegarán todos los restos exhumados para identificación genética porque muchos de ellos podrán ser identificados por una serie de datos antropológicos”.
“El trabajo entonces sería menor. Y eso esperamos”, agrega.
Tras hacer hincapié en la disposición de sus compañeros a “colaborar con todo”, Tena destaca también lo “imprescindible” que resulta en este asunto establecer unos protocolos de trabajo, “como dice la Ley de Memoria Histórica”, para unificar los métodos y que las exhumaciones se hagan de igual forma “en Castilla y León que en Andalucía”.
“Antes de empezar -insiste- sería importante ese protocolo”.
En cuanto al tiempo de análisis de cada muestra, las responsables del INT calculan que puede prolongarse “varios meses” y que es difícil determinar con precisión cuánto tarda.
“Son análisis costosos, delicados y complicados y van a depender exclusivamente del material de referencia; es decir, de los familiares que están buscando a sus desaparecidos, que sean familiares que tengan vínculos de parentesco muy próximo (hijos o nietos que buscan a sus abuelos)”.
“Si ya se hace con familiares más lejanos (primos-sobrinos) la identificación genética sería más complicada y no tendría la misma fiabilidad”, advierten.
El nivel de éxito va depender por tanto del estado de conservación de las muestras y del grado de parentesco, y “habrá algunos que queden sin identificar porque no se encuentren familiares directos o porque no haya ningún familiar de esa personas reclamando”, señala Tena.
“También ha habido casos de abrir una fosa en la que el familiar creía que estaba su pariente y luego resultar que no estaba, con lo que la identificación es negativa. Esto sucederá en muchos casos porque en una misma zona puede haber varias fosas y puede producirse alguna confusión” y eso, admite, podría pasar también con la fosa en la que se cree que están los restos de Federico García Lorca.
Vallejo tiene experiencia en este campo porque “desde hace casi cinco años” ha analizado unas cuarenta muestras exhumadas de diferentes fosas a petición judicial, y parte de ellas se han quedado sin identificar porque no pudo establecerse una relación entre el perfil genético de los restos con los de los familiares que los reclamaban.
Ante casos como éstos “es muy necesario” un banco de ADN, en el que “se quedarían esos perfiles genéticos que luego alguien puede llegar a reclamar”, y cuya conveniencia de crear tiene previsto preguntar Garzón al grupo de expertos al que ya ha encomendado colaborar en la exhumación de los cuerpos que hay en 19 fosas, entre ellas en la que supuestamente reposan los restos de Lorca.
Fuente Minuto Digital
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