El juez decano de Sevilla ha certificado que entre septiembre y noviembre se han registrado en los juzgados de Violencia sobre la Mujer 691 asuntos. Con esa tendencia, en un año se superarían los 2.000. Sus datos avalan, así, la denuncia de los 40 funcionarios de estos juzgados, que sostienen que no pueden afrontar ese ritmo con cuatro personas de guardia. Estos datos, “constatan que la carga de trabajo de estos juzgados hace inviable un recorte de personal en las guardias, máxime teniendo en cuenta la materia sensible con la que trabajamos, como son las mujeres maltratadas”, afirma Ildefonso Torralba, portavoz de STAJ.La huelga de los funcionarios de los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se ha convertido también en una guerra de cifras. Los trabajadores sostienen que la “ingente” carga de expedientes es “insostenible” para los turnos de guardia que comenzarán en enero, tres días seguidos que se cubrirán de nueve de la mañana a nueve de la noche y con cuatro funcionarios, en vez de los 10 habituales. Y dan un dato: cada año superan los 2.000 los casos que pasan por sus manos. La Junta de Andalucía, de la que dependen las guardias, niega la mayor y sostiene que no pasan de los 740 expedientes anuales, según el registro de su programa informático Adriano.
Ante este tira y afloja, los sindicatos convocantes del paro (CCOO, STAJ y USO) han recurrido al registro del juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, quien ha certificado que “el número de asuntos repartidos de los Juzgados de Instrucción de esta capital a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de esta ciudad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año en curso son 691 (226 en septiembre, 254 en octubre y 211 en noviembre”. La cifra, de hecho, es similar a la registrada por el partido judicial de Sevilla en 2007, cuando se anotaron 1.200 diligencias previas y otras 600 urgentes.
Con el recuento solicitado al juez decano, “que sí da fe caso a caso de todo lo que entra en su despacho”, los convocantes del paro –que ya llevan 15 días de protesta– han tratado de refrendar su posición. “Porque no queremos dinero, sino más personal con el que hacer frente al trabajo que se nos encomienda”. Actualmente, el 25% de los 40 funcionarios en huelga sigue trabajando dentro del dispositivo de servicios mínimos, lo que hace que aproximadamente se tramite un 10% de la carga habitual de los juzgados.
La plantilla en paro al completo se concentró ante la Consejería de Justicia de la Junta, en la Gavidia, para exigir soluciones a estas “guardias ridículas”. La directora general de Recursos Humanos y Medicina Legal, Isabel Cumbrera, los atendió y les propuso tratar su problema como un punto informativo en la mesa sectorial que debe celebrarse la semana que viene (18 y 19 de diciembre), en el que se tratarían las nuevas guardias. Los trabajadores se negaron a ello porque no quieren una convocatoria “informativa” sino una “negociación” con la Junta.
La directora confirmó que “nadie” le ha entregado el documento con el recuento del decano y confió en sus datos del Adriano, “que es la fuente más fiable”. Una cosa es tomar el volumen total de datos y otra ver los “catalogados como urgentes”, dice. “Nos constan 16 casos urgentes en todo el año en los juzgados de Sevilla y otros 17 con medidas cautelares, de protección o juicios rápidos”, sostiene Cumbrera. Los funcionarios responden: “La etiqueta de si el caso es o no grave la ponemos al final del proceso. Antes hay que pasar por todo el rosario de declaraciones, forense y partes de lesiones, detenciones... Eso lleva su tiempo y, aunque no sea grave finalmente, es tiempo que consumimos. Por eso somos incapaces de hacerlo todo con cuatro personas”, reprocha Torralba.
La Junta justifica, además, que no convoca a los funcionarios a una reunión de negociación porque “esa negociación está en Madrid”, es decir, debe llevarse a cabo con el Ministerio de Justicia, “que es de quien ha venido la orden de afrontar las guardias de esta manera”. La directora general sostiene que el personal de otros juzgados afectados por la reestructuración, como los de Madrid o Barcelona, han hablado con el ministerio. “La Junta ha mantenido esta reunión como gesto de buena voluntad, de escuchar”, añade.
Finalmente, Cumbrera reclamó a los funcionarios de Violencia que “no utilicen” una materia “tan sensible y delicada como el maltrato” para defender sus “intereses económicos”.
Fuente: elcorreodeandalucia.es
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