El año que acaba no ha sido precisamente pacífico para la Justicia y las protestas de jueces, secretarios judiciales o funcionarios se han sucedido a lo largo de 2008, salpicado por casos como el de la niña Mari Luz y en el que, por fin, se pudo dar por renovado el Consejo General del Poder Judicial.
El ánimo de los diferentes sectores de la Justicia ha estado "caliente" desde principios de año: primero fueron los funcionarios de las Comunidades Autónomas sin competencias en este ámbito, que mantuvieron una huelga de dos meses; les siguieron los secretarios judiciales, que protagonizaron un paro en octubre, y, para finalizar 2008, los jueces empezaron a hablar de una posible huelga.
El paro más largo de la historia de este sector en España comenzó el 4 de febrero a cargo de los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida en demanda de una equiparación de sus salarios con los de las Comunidades Autónomas con competencias.
Con la suspensión de decenas de miles de actuaciones judiciales, esta huelga provocó un grave colapso, del que ha costado recuperarse, aunque a finales de año, con los planes de refuerzo puestos en marcha, los tribunales han podido situarse prácticamente en los mismos niveles que tenían antes del paro.
A las protestas de funcionarios siguieron meses después las de los secretarios judiciales y las de jueces y magistrados.
Las reivindicaciones de estos colectivos varían pero antes o después invocan una idea común: la necesaria modernización de un sistema obsoleto, que, a veces, ha enfrentado a la sociedad a situaciones inexplicables como la del caso de la niña onubense Mari Luz Cortés.
Mari Luz fue asesinada en marzo presuntamente por Santiago del Valle, quien se encontraba en libertad porque un Juzgado de Sevilla no ordenó ejecutar la orden de prisión que tenía pendiente por otra causa.
La sucesión de errores y sus consecuencias en el caso de esta niña supuso un revulsivo para la Justicia y puso sobre la mesa la carencia de medios personales y materiales.
Las críticas recibidas por el anterior Consejo del Poder Judicial por imponer sólo una multa al juez de Sevilla encargado del caso, Rafael Tirado, y la suspensión de dos años con la que el Ministerio de Justicia castigó a la secretaria judicial calentaron de nuevo el ambiente.
Los tribunales volvieron así a paralizarse el 21 de octubre, jornada en la que los secretarios judiciales protestaron con un paro de 3 horas por la sanción impuesta a su compañera de Sevilla coincidiendo con las juntas que celebraron los jueces para denunciar injerencias políticas en este asunto.
La tensión ha ido "in crescendo" y, a finales de noviembre, los jueces hablaban ya de la posibilidad de ir a una huelga, una medida sin precedentes en este colectivo, y que tendría lugar a principios del próximo año.
En medio de esta difícil situación ha aterrizado el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos 20 miembros fueron renovados a finales de septiembre con dos años de retraso.
El nuevo órgano de gobierno de los jueces ya ha advertido a éstos que no va a tolerar situaciones de "dudosa" legalidad, como la huelga, ya que este colectivo no tiene reconocido este derecho, aunque tampoco lo tiene prohibido, un interesante dilema que, probablemente, le tocará dilucidar a 2009.
Fuente: elconfidencial.com
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