La sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados de la Comunidad, especialmente los mercantiles y los civiles, no tiene visos de amainar. Todo lo contrario. Los efectos de la crisis sobre los tribunales, en forma de más carga de asuntos, va a aumentar con el paso de los meses. Si el propio ministro Solbes ya reconoció sin tapujos hace algún tiempo que la crisis iba a ser "mucho peor" en 2009, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo lo propio con la que se le viene encima a la justicia.Los concursos de acreedores (como ahora se llama a las suspensiones de pagos) presentados por las empresas ante los magistrados van a experimentar un aumento astronómico a lo largo del próximo año. Sólo en la provincia de Valencia, la cifra se va a multiplicar por cinco: de los 150 procesos concursales registrados en 2007 a los 537 que el CGPJ calcula que se darán en 2009.
Así lo aseguraron en Valencia el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León. Ambos subrayaron las preocupantes cifras antes de ofrecer el que será el plan de choque previsto en la Comunidad contra esta situación. Básicamente, la creación de 17 juzgados mercantiles y civiles y la puesta en marcha de un servicio de información sobre las suspensiones de pagos. El objetivo, liberar a los funcionarios de los juzgados de la tarea de mantener al día a los afectados por los procesos concursales.
La estadística a nivel de la región no es más halagüeña. Si en 2007, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana contabilizó 232 concursos de acreedores, el año que viene se esperan 761.
El CGPJ, preocupado
"Nos preocupa", reconoció De Rosa. Sobre todo que esa cifra se sitúe peligrosamente cerca de las 537 suspensiones de pagos que se calculan para Madrid -con mucha más población- y que coloque a la Comunidad en el tercer escalón de las autonomías con más procesos concursales en 2009, sólo por detrás de la capital y Cataluña.
"No queremos que la justicia sea un obstáculo más a la salida de la crisis", aseguró el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.
Los intentos para lograrlo comenzaron hace ya un mes, cuando se produjeron las primeras reuniones entre técnicos del CGPJ y la Conselleria de Justicia. Y los 16 nuevos juzgados (dos mercantiles y 14 de primera instancia) aprobados por el Ministerio de Justicia, y que la Generalitat pondrá en marcha entre este año y 2009, son el punto de partida desde el que la Administración pretende paliar los perniciosos efectos de las dificultades económicas en los tribunales.
El tercer juzgado mercantil de Valencia se pondrá en marcha el próximo mes de abril. El siguiente, con sede en Elche, aún no tiene fecha de entrada en funcionamiento. "Desde la Generalitat pedimos al Ministerio que entre también en funcionamiento en abril. El Consejo General del Poder Judicial ha tenido una respuesta muy rápida ante la crisis y esperamos la misma celeridad del Ministerio", insistió Sánchez de León.
La incidencia de la crisis también se ha dejado notar en los juzgados de primera instancia. Llama la atención que el volumen de asuntos recibidos por estos órganos en la Comunidad durante el primer semestre del año se haya incrementado un 19%. Pero la cifra no es nada comparado con el incremento de los juicios cambiarios, procesos encaminados a cobrar letras de cambio, pagarés o cheques impagados. Estos casos se han duplicado en los seis primeros meses de 2008, como reveló la consellera de Justicia.
Más magistrados
A esta avalancha de trabajo se pretende hacer frente con los ocho nuevos juzgados civiles que empezarán a trabajar en la región a finales de año, así como los seis previstos para 2009. Paula Sánchez también aprovechó para recordar al Gobierno la petición de ocho nuevas plazas de magistrados para las Audiencia de Valencia, Alicante y Castellón.
El tercer proyecto del plan de choque impulsado por la Conselleria y el Poder Judicial consiste en la creación de un servicio de información concursal. Con más de 700 casos de suspensiones de pagos previstos para 2009, y decenas de afectados en cada uno de ellos, el paso diario de interesados por el juzgado en busca de datos sobre el estado de su caso se presume interminable.
El servicio común de información pretende evitar que a la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados se sume la de mantener al día a los acreedores. Cuatro funcionarios integrarán este servicio y asumirán la información a los afectados de todos los procesos concursales en la Comunidad. De Rosa felicitó a la consellera por su "ímpetu y entrega" en un proyecto "pionero" en España.
Fuente: lasprovincias.es
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