La provincia de Alicante contará a lo largo de 2010 con un total de diez nuevas unidades judiciales del total de once solicitadas por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas al Ministerio de Justicia, que en esta ocasión ha negado la creación de una plaza más de magistrado en la Audiencia Provincial de Alicante, una plaza que, en opinión de la consellera Paula Sánchez De León, «es necesaria para dar una mayor impulso a la justicia alicantina; el Gobierno central vuelve a ignorar una parte de sus necesidades al priorizar otras demandas».Estas diez nuevas unidades judiciales se enmarcan dentro de las 22 concedidas a la Comunidad Valenciana, de un total de 25 solicitadas por el Gobierno valenciano. De las diez unidades judiciales concedidas a la provincia de Alicante, cuatro corresponden únicamente a juzgados de primera instancia en los municipios de Alicante, Elche, Torrevieja y Benidorm, mientras que otras cuatro serán juzgados de primera instancia e instrucción en Orihuela, Denia, Villajoyosa y Novelda. Además, está prevista la creación de un juzgado de lo penal en Orihuela y otro de lo social en Benidorm.
La puesta en marcha de cada unidad judicial autorizada por el Gobierno central corresponderá a la Conselleria de Justicia, que la deberá dotar de todos medios materiales y humanos, con la única excepción del juez y del secretario judicial que corresponden el ejecutivo central. En total, según fuentes de la Conselleria, para la puesta en marcha de los diez nuevos juzgados está prevista una inversión media por juzgado de 500.000 euros, lo que supondrá una inversión global algo superior a los cinco millones de euros.
Con estos diez nuevos juzgados que se crearán a lo largo de 2010, cuya dotación material y administrativa corresponde a la Conselleria de Justicia, la Generalitat habrá puesto en marcha un total de 30 nuevos juzgados en los últimos cuatro años, en los que se habrá realizado una inversión cercana a los 15 millones de euros.
Sin embargo, no sucede lo mismo en otras comunidades autónomas. Según denuncia la consellera, Paula Sánchez De León, «en comunidades como Cataluña el estado financia no sólo los sueldos de jueces y secretarios judiciales, sino parte de las infraestructuras materiales, al incluir una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para crear nuevos juzgados en Cataluña por importe de seis millones de euros».
Este hecho, según la consellera, «supone una nueva discriminación de comunidad frente a otras autonomías, pues, aparte de limitarnos el número de juzgados, no nos dan recursos financieros para poner en marcha las sedes judiciales, frente a lo que sucede en Cataluña». En este sentido, desde el Consell se ha tratado de solicitar una partida similar para nuevos juzgados en la comunidad».
Desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas se considera que el Ministerio de Justicia es un «lastre» para resolver los problemas judiciales de la Comunidad. Al menos, así lo considera la propia Paula Sánchez De León, pues, asegura que «la creación de juzgados se hace tarde y mal al no tener en cuenta todas las solicitudes de la comunidad».
Además, según denuncia la consellera, el ministerio espera a finalizar el año para conceder nuevos juzgados, sin tiempo de ejecución, con lo que al final se lleva un año de retraso y los juzgados que se autorizan en 2009 se tienen que poner en marcha en 2012.
Por ello, desde la Generalitat se exige tener la capacidad de decidir en qué lugares se deben crear los nuevos órganos judiciales.
Según Sánchez De León, «si nosotros somos los encargados de poner en marcha todas las infraestructuras judiciales y planificarlas, también deberíamos poder decidir dónde ubicarlas en función de las necesidades que vayamos detectando».
Fuente: laverdad.es
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