El Tribunal ha sentenciado que España no violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos por la presunta parcialidad del juez Baltasar Garzón en el juicio contra Rafael Vera por el secuestro en 1983 de Segundo Marey. Sin embargo, los siete magistrados que componen dicho tribunal censuran abiertamente y por unanimidad la actuación del magistrado.El texto señala que "la imparcialidad del juez de Instrucción nº 5 (de la Audiencia Nacional española) podría estar en entredicho" por las "relaciones personales conflictivas" y la "enemistad manifiesta" entre el demandante y el magistrado, después de que éste reabriera la instrucción del caso cinco días después de abandonar el Gobierno.
Vera y Garzón coincidieron en el Gobierno de Felipe González que salió de las urnas el 6 de junio de 1993 como secretario de Estado de Seguridad y delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, respectivamente. La sentencia añade que Garzón "no respondió a la exigencia de imparcialidad" que contempla el artículo 6 del Convenio.
Los siete miembros de la Sala Tercera del Tribunal se han mostrado muy duros con la actuación del juez Baltasar Garzón, aunque consideran que el proceso posterior llevado a cabo por el Tribunal Supremo, de la mano del juez Eduardo Móner, sí se ajustó a derecho. Por esto último, el Tribunal se muestra a favor, por cuatro votos contra tres, de la no violación de España de los artículos 6.1 (derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial) y 6.2 (presunción de inocencia) del citado Convenio.
El Tribunal, en cambio, se muestra muy duro con el juez y le acusa de violar el citado artículo 6.1. Según indicaron las fuentes, es la primera vez que dicho artículo se aplica a un juez de instrucción y no a un tribunal.
En contra del fallo, presentaron votos particulares los magistrados esloveno, Bostjan Zupancic; irlandesa, Ann Power; y andorrano, Josep Casadevall. Estos tres miembros del Tribunal no sólo critican a Garzón sino que también creen que su actuación invalida todo el juicio por el ‘caso Segundo Marey’ y, por consiguiente, la condena a Vera. Concretamente, el presidente de la sala, Josep Casadevall, estima que la actuación de Garzón supuso "una violación flagrante" del artículo 6, ya que su "falta de imparcialidad objetiva (...) ha contaminado toda la instrucción".
El TC lo desestimó en 2001
Vera, defendido por el abogado Manuel Cobo del Rosal, presentó en Estrasburgo su demanda contra España el 26 de junio de 2001, que fue admitida parcialmente por una decisión adoptada el 2 de mayo de 2007. En el escrito, Vera incidió en las "hostilidades" existentes con Garzón. El demandante pidió, sin éxito, en febrero de 1995 la recusación de Garzón en el mencionado caso.
En agosto de ese año, el Tribunal Supremo se declaró competente sobre la causa, en virtud del artículo 71 de la Constitución, y el dossier nº 17/1989 pasó a ser el CE 2530/95. El Tribunal Supremo condenó a Vera a diez años de prisión, en julio de 1998, por un delito de malversación de fondos públicos y otro de secuestro, así como a doce años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En agosto de ese año, Vera llevó el caso ante el Tribunal Constitucional, que lo desestimó en marzo de 2001. En su voto particular, el magistrado Pablo García Manzano afirmó que la exigencia de imparcialidad del juez no sólo es exigible al órgano jurisdiccional que enjuicia la causa, sino también al juez instructor.
Vera podrá ahora solicitar el reenvío de su demanda a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -compuesta por 17 jueces, uno de ellos español- cuya admisión será decidida por un colegio de cinco magistrados y, si se aceptara, el Tribunal podría celebrar una vista sobre el caso.
Fuente: elconfidencial.com
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