Funcionarios y calorías

La crisis es un mal que puede venir bien si sacamos alguna enseñanza. Esto es especialmente vital en nuestro caso, porque la crisis española tiene sus peculiaridades, algunas propiciadas por las rigideces del mercado laboral o derivada ciertos lastres estructurales de nuestro sistema productivo. Una de esas peculiaridades es especialmente trágica, me refiero a un déficit público creciente. Según leo, 2009 puede haber cerrado alcanzando al 12% del PIB, con lo cual ya se empieza a vislumbrar para qué vamos a trabajar los españoles, de esta hora y de la venidera.


No entro en cómo han incidido en ese déficit medidas estrictamente paliativas que al final se traducen en más gasto, no precisamente productivo. Si hablo de sacar alguna enseñanza es porque, aprovechando la crisis, hay que plantearse no ya qué déficit puede soportar España y si tenemos capacidad para financiarlo sino, además, si el Estado diseñado en la Constitución lleva camino de ser inviable. No me refiero sólo a lo territorial, sino a otros aspectos más del día a día de cada ciudadano. Por ejemplo, habrá que plantearse si somos capaces de financiar un Estado Social cuyo mantenimiento exige buena y racional gestión y generar mucha riqueza.

Salarios públicos

Me detengo ahora en el titular de EXPANSIÓN del pasado día 15. Decía que “Los funcionarios cuestan 6.000 euros a cada familia”. Iba acompañado de un editorial cuyo título era toda una declaración de propósitos: “Pinchar la burbuja de los funcionarios”. Además, afirmaba que “Estado, autonomías y municipios ignoran la austeridad” pues uno de cada cuatro euros de gasto público está destinado a los salarios funcionariales. Soy juez, mi nómina está en los presupuestos generales del Estado, mis conciudadanos me la pagan, luego debo concluir que, técnicamente, soy funcionario. Leyendo esas páginas me sentí concernido y con cierto cargo de conciencia: ¿No seré un lastre? ¿Cuántos pierden el trabajo o no cobran paro mientras que a mi y a otros millones de funcionarios, el Estado nos paga una nómina? ¿Esto debe ser así?

Sólo dos países europeos se han multiplicado en los últimos treinta años. Uno es Alemania, tras la reunificación. Pese a ser una potencia, llevar ese peso le ha costado y le cuesta. El otro es España, que no está precisamente reunificándose. España se ha multiplicado y de su seno han salido diecisiete pequeños estados gastones, en muy buena medida sustentados por el Estado-matriz. Únase el dinamismo municipal, su endeudamiento y la proliferación en todos los ámbitos –estatal, autonómico, local– de órganos y organismos públicos varios. Si a esto se le añade, como decía, que la cláusula de Estado Social llama a una acción prestacional de todas las Administraciones, habrá que concluir que nuestra Constitución es cara, es casi un artículo de lujo, y todo lujo es lícito si uno puede permitírselo.

Horizonte de estancamiento

Hasta hace poco la estabilidad presupuestaria se cumplía, lo que demuestra que España puede financiarlo, todo depende de que se generen recursos y se financien los servicios racionalmente. Ahora que vamos a un horizonte de estancamiento es bueno plantearse con sinceridad si España, como Estado, vive por encima de sus posibilidades. Y esto lleva al número de funcionarios, lo que se presenta como paradigma de derroche público. Pero habría que aclarar qué se entiende por funcionario. Si lo entendemos en sentido jurídico o “funcionario” es todo aquel que cobra de un presupuesto público. Si es esto último también lo es el que trabaja para empresas que viven de subvenciones o son adjudicatarias de contratos públicos y hasta podríamos ensanchar el concepto para dar cabida a pensionistas, parados con subsidio de desempleo, trabajadores de baja, etc.

La otra España real

Me quedo con el concepto estricto de funcionario y resulta paradójico que el número de funcionarios haya aumentado hasta cifras a las que se referiría EXPANSIÓN y, sin embargo, hay cuerpos funcionariales cuya actividad es vital, pero que entran en el mismo saco junto con los “nuevos funcionarios”. Me refiero a los surgidos de unas Administraciones que han ido creando órganos y organismos prescindibles. Pienso por un momento en la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. No sé qué presupuesto consume, la tomo como simple muestra de laboratorio y me pregunto: ¿Para qué sirve? ¿Es razonable el gasto que implica, por poco que sea? Como se sabe, de esa Agencia salió la ministra Aido catapultada para otro órgano de dudosa utilidad: el Ministerio de Igualdad. Aquí tenemos dos muestras de la otra España real.

A partir de aquí podríamos plantearnos cuántos cargos se han generado a golpe de Administraciones, órganos y organismos manifiestamente prescindibles. Frente a tanto cargo inútil pienso en la injusticia que se hace con otros Cuerpos de gran prestigio, estimados por los ciudadanos; pienso en servicios esenciales gestionados por un personal cualificado y competente. Unos y otros sí son imprescindibles pero que hacen lo que pueden, siempre escasos de medios, tanto materiales como humanos. Mientras que se les mantiene en esa escasez, a su lado ha ido creciendo un bosque de Administraciones, poblado de centenares de árboles bien recargados de altos cargos, cargos de confianza, contratados laborales, funcionarios pertenecientes a Cuerpos de novísima creación, etc. que han ido absorbiendo todo el esfuerzo para financiar ese ingente gasto público.

La cuestión no es el número de funcionarios sino cuáles son los realmente necesarios; cuáles son rentables por aportar, por ejemplo, orden, seguridad, por gestionar servicios imprescindibles o esenciales. Si ponemos el listón en el número, tengan por seguro que lo determinante será esa tendencia del político a valorar lo que le da poder e influencia. Hay mucha materia grasa en este Estado tan obeso, que ha ganado tantos kilos a base de caprichos de esa clase política que nació a golpe de nuevas Administraciones, pero ya no hay dinero para tanta chuchería. Habrá que inculcarle nuevos hábitos alimenticios, empezando por lo que alimenta y genera grasa, pero de la necesaria.

Un artículo de opinión de Jose Luis Requero, magistrado.

Fuente: expansion.com