Garzón tendrá que volver a declarar ante el Supremo como imputado

Por segunda vez en ocho meses el Tribunal Supremo admite a trámite una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Esta vez el Alto Tribunal lo investigará por los delitos de prevaricación, cohecho y estafa en relación con el dinero que pidió al Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006.


En un auto notificado este jueves, la Sala de lo Penal admite a trámite la querella interpuesta contra el instructor por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea. Y aunque, a priori el Alto Tribunal rechazó investigar estos mismos extremos, entiende ahora la Sala que " a la vista de la documentación últimamente aportada, unida al resto de la recibida ya con anterioridad, y de los indicios que de la misma resultan" se debe investigar al juez estrella.

Dicha investigación, que llevará a cabo el magistrado Manuel Marchena, (designado por la Sala instructor del caso) deberá aclarar si en la entrega del dinero por parte del Santander al juez "medió la consideración el hecho de tratarse de un juez de instrucción de la Audiencia Nacional o si por el contrario tal cosa puede valorarse como una mera suposición o conjetura".

Vía penal

En el auto, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, se justifica la admisión de la querella a raíz del conocimiento de nuevos hechos denunciados por los letrados. Por ejemplo, "que el propio querellado solicitó personalmente a la entidad bancaria la entrega del dinero para sufragar los gastos que originarían unas actividades en las que participaría directa y personalmente de una forma relevante".

El pasado mes de diciembre salía a la luz pública que Garzón en una carta que contenía su firma a Emilio Botín que financiase el curso que dio en la ciudad estadounidense. A posteriori, ya en España, el magistrado archivó una querella que se interpuso en su juzgado contra altos cargos de la entidad bancaria que lo patrocinar.

Dice ahora el Supremo que de ser cierta la conducta imputada, "no puede excluirse absolutamente una eventual relevancia de su conducta posterior tal como se describe por los querellantes, pues no puede rechazarse en este momento la posibilidad de establecer alguna relación entre ambas".

Dado la verosimilitud de los hechos denunciados, junto con la participación del querellado en los mismo, entiende el Alto Tribunal que existen indicios suficientes para investigar al juez por los delitos de prevaricación, cohecho y estafa. Una querella ésta que hará que Garzón vuelva a declarar en calidad de imputado ante el Supremo.

Vía administrativa

Por otro lado, estos mismos hechos han sido ya denunciados por los letrados Mazón y Panea ante el Consejo General del Poder Judicial y podrían costarle a Garzón una sanción por falta muy grave prevista en el artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Se trataría de una falta de inobservancia del deber de abstención al archivar una querella contra varios directivos del Santander.

De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.

Por otro lado, los impulsores de la querella admitida este miércoles a trámite han solicitado al gobierno de los jueces que no espere a que termine la instrucción sobre este asunto a que el magistrado pueda ser sentado en el banquillo para suspenderle cautelarmente en sus funciones.

El escrito, que fue remitido a varios despachos del Consejo, recuerda que ésta es la segunda querella admitida a trámite por el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El escrito compara la situación de Garzón con la del juez de familia de Murcia condenado por prevaricación Fernando Ferrín Calamita, cuya suspensión fue acordada por el CGPJ tras la admisión a trámite de una querella contra él por un delito de retardo malicioso a la hora de tramitar una adopción por una pareja de lesbianas. En este caso, no se espero al procesamiento del juez, recuerdan los querellantes Mazón y Panea.

Fuente: Libertad Digital