Cuenta ABC este lunes que el Ejecutivo ha intentado presionar al juez Luciano Varela para que archive la causa que instruye contra Garzón por un delito de prevaricación durante la investigación de las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. ¿Cómo? Ofreciéndole la suculenta oferta de ser miembro del Tribunal Constitucional.A finales de este año las vacantes en el Tribunal Constitucional ascenderán de las cinco actuales a ocho. A las cuatro que llevan pendientes de renovación en el Senado desde hace más de dos años, se suman la causada por el fallecimiento de Roberto García Calvo y las otras tres cuya renovación deberá producirse también el próximo mes de noviembre en el Congreso.
Según el diario de Vocento, los cantos de sirena comenzaron en verano, procedientes de los ministerio de Presidencia o Interior. Coincidiendo o justo después de la declaración de Garzón como imputado, que se produjo a principios de septiembre. ¿Por qué al Gobierno le interesa evitar a toda costa una causa penal contra el juez estrella? Porque, de otra forma, Garzón sería suspendido y apartado del juzgado. Lo que le obligaría, entre otras cosas, a dejar la causa del chivatazo a ETA en otras manos.
Fuentes del TS creen que las presiones recibidas por Varela bien podrían ser la causa principal -aunque quizás no la única- de su tardanza en tomar una decisión sobre el archivo o no de las tres querellas presentadas contra Garzón. Máxime cuando, al poco tiempo de la admisión a trámite por la Sala Segunda de la primera de ellas -la de Manos Limpias, luego vendrían las de Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons-, Varela afirmó delante de muchos de sus compañeros su intención de resolver rápidamente el asunto y, casi con toda seguridad, de llevar a juicio al querellado. El escrito de Manos Limpias fue admitido a trámite el 27 de mayo de 2009, pero al instructor le faltaba escuchar la versión de Garzón.
Fuente: elsemanaldigital.com
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