Madrid: El Registro Civil Unico carece de salidas de emergencia y plan de seguridad

"El día que pase algo no sé cómo saldremos de aquí". Es la preocupación de José María Ferrer, uno de los cinco magistrados encargados del Registro Civil Único de la calle de Pradillo. Tres pisos más arriba, Ignacio, un arquitecto que tramita los documentos de su boda, se pregunta cómo salir de un edificio "donde la evacuación es imposible". La intranquilidad por la situación del Registro la comparten jueces, funcionarios y ciudadanos.


El edificio, construido en 1984, nunca ha cumplido un plan de seguridad antiincendios, no tiene salidas de emergencia y sus escaleras apenas miden un metro de ancho, haciendo imposible la evacuación. El responsable de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, de quien depende este edificio, por el que pasan diariamente más de 1.000 personas, reconoció que la situación es "injustificable".

La Comunidad de Madrid asumió las competencias del inmueble en 2003. Después de siete años sin que se haya tomado ninguna medida, Granados asegura que se enteró de la situación "hace unos días por los medios de comunicación". La Dirección General de Seguridad e Interior "tuvo constancia hace unos meses" de la situación del edificio, pero "ya ha recibido órdenes para poner en marcha un estudio para subsanar estas deficiencias", dijo Granados.

EL PAIS se puso en contacto con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para conocer las causas de las deficiencias en materia de incendios y el plan de evacuación del edificio el pasado martes. Una portavoz afirmó desconocer la existencia de un plan de seguridad y añadió que, en el caso de que fuera cierto que carece de salidas de emergencia, el edificio había sido cedido por el Ministerio de Justicia tal cual, "cuando ya estaban vigentes las actuales normativas de seguridad antiincendios". ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? "Habría otras cosas más prioritarias que solucionar", zanjó la portavoz. El consejero Granados afirmó que se había puesto en marcha un estudio -con un presupuesto de 400.000 euros, según la consejería- para solventar las irregularidades.

La normativa de protección de incendios en vigor no es retroactiva. Es decir, que los edificios construidos antes de la publicación de los reglamentos -los dos que se tienen en cuenta en las inspecciones de los inmuebles madrileños datan de 1993 y 1997- no tienen la obligación legal de adaptarse a la norma.

Francisco Granados, a pesar de asumir su obligación, ha recordado que el edificio es "heredado", aunque esto no les "exime de responsabilidad". Sin embargo, afirmó que la misma situación del Registro Civil se produce "en otros inmuebles de la Comunidad, y en ayuntamientos de todo color político. Son edificios públicos, que tienen que ir adaptándose a la normativa actual". A lo que agregó: "Y nosotros lo vamos a hacer".

Fuente: elpais.com