La Administración judicial navarra cuenta en la actualidad con medio centenar de funcionarios que ocupan plazas de interinos después de que sus puestos fueran creados en su día como plazas de refuerzo para afrontar así la sobrecarga de trabajo de las diferentes jurisdicciones. Estos interinos de refuerzo suponen el 10% de los 520 funcionarios de Justicia de la Administración foral.Algunos de ellos remontan su eventualidad a hace ocho años y más de una decena cuentan con una antigüedad como refuerzo superior a seis años.
Tomando el dato como referencia, la comisión de Personal del funcionariado judicial envió una carta a la Dirección General de Justicia, al consejero del ramo, Javier Caballero, y a la mesa de Función Pública, realizando un análisis desglosado del coste de los trabajadores eventuales de refuerzo. Según calculan desde los sindicatos estos interinos suponen a la Administración un sobrecoste respecto a los trabajadores fijos de 250.000 euros al año, más de 5.000 euros por funcionario. Por tal motivo y con objeto de afianzar la planta de trabajadores, la comisión de Personal insiste en que se ha demostrado manifiestamente necesaria el trabajo de estos empleados, creados para reforzar ciertos órganos y que así han seguido perpetuándose sin que se sacara esa plaza a oposición.
Los sindicatos refieren que en cuanto a los nóminas "el coste del personal para la Administración es idéntico en el caso de titulares que de interinos. Pero el coste económico de un trabajador para la Administración no termina en el pago de las nóminas de éstos sino que va más allá, concretamente en el pago de las distintas cotizaciones a los correspondientes regímenes de cada empleado", señalan.
El sobrecoste de estos funcionarios interinos "viene determinado por que se trata de trabajadores que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social, a los que la empresa, en este caso la Administración, debe de aportar el 28,3% de todo el salario bruto del empleado. Sin embargo, los funcionarios fijos de Justicia cotizan al régimen de Clases Pasivas del Estado, la Mugeju (Mutualidad General de Justicia), cuya aportación de la Administración representa el 5,09% de los haberes reguladores que se fijan cada año en la Ley de Presupuestos del Estado, notablemente inferiores al salario bruto de cualquier trabajador de la Administración de Justicia". La diferencia de aportaciones por parte de la Administración Pública respecto de un tipo y otro de trabajadores "es más que notable", según señala la comisión de Personal, que denuncia que el Gobierno "se ofusca en mantener una plaza de refuerzo sin consolidar, una plaza vacante sin sacar a concurso o una desierta sin convocar una Oferta Pública de Empleo".
Según los cálculos realizados por los sindicatos a partir de cobros hipotéticos pero muy cercanos al salario real, por cada interino de refuerzo que la Administración consolidara se ahorraría en torno a 5.000 euros por trabajador al año. En los ejemplos expuestos se calcula que para los interinos del cuerpo de auxilio judicial, con un salario medio de 20.000 euros, la diferencia económica estimada es de 4.642 euros por trabajador, diferencia que se agranda en tramitación (5.220 euros), gestión procesal (6.675) y forenses (9.655,87).
Además, esgrimen que las distancias aumentarían por la mayor antigüedad en la Administración del personal interino, toda vez que la percepción económica de los trienios cotiza en el montante total de la aportación a la Seguridad Social, mientras que el abono para los titulares es siempre igual en cada cuerpo sea cual sea el tiempo que lleven trabajando y sus retribuciones.
Fuente: noticiasdenavarra.com
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