Castellón: Los litigios laborales se duplican en dos años

Las consecuencias de la crisis económica se han extendido por prácticamente todas las esferas de la vida pública. Tanto, que incluso han llegado a la administración de Justicia en forma de un aumento descomunal de las demandas presentadas en los juzgados de lo Social, aquellos encargados de resolver las desavenencias entre empresas y trabajadores por asuntos en los últimos meses tan cotidianos como despidos, impagos e irregularidades en las extinciones de contratos. En tan sólo dos años, los cuatro juzgados de lo Social de Castellón han visto cómo los asuntos tramitados casi se han multiplicado por dos.


Según datos facilitados por el decanato de Castellón, en 2007 se atendieron 3.513 casos relacionados con el derecho laboral. El año pasado, los asuntos tramitados alcanzaron los 6.435. La tendencia al alza se dejó ver en 2008, año en que comenzó a arreciar la crisis, y en el que se presentaron 5.512 demandas por problemas laborales.

«Se trata de una cuestión de lógica. Si aumentan los despidos y los impagos de las empresas, también aumentan las reclamaciones en los juzgados», relata el abogado laboralista David Casañ, del buffete CasañCasañ Advocats. De hecho, de todos los tipos de litigios, los que más han contribuído a hinchar las cifras han sido los relacionados con las reclamaciones de cantidad a las empresas (de los 1.019 demandas de 2007 se ha pasado a las 2.548 de 2009) y con los despidos y extinciones de contrato, que casi se han triplicado, al registrarse 747 hace dos años y 1.832 el pasado ejercicio. En cambio, se ha mantenido estable el número de asuntos laborales no relacionados directamente con los vaivenes económicos, como es el caso de las reclamaciones a la Seguridad Social o por invalidez, que incluso han descendido.

Pero el problema es que el incremento de los asuntos conectados con el derecho laboral ha elevado a la máxima potencia el colapso en el que ya naufragaban los tribunales castellonenses, según explica Loli, funcionaria del juzgado de lo Social número 3. Y ese aumento de la carga de trabajo repercute, y mucho, en los trabajadores afectados por los 'atropellos' de algunas empresas, que ven cómo asuntos que antes se resolvían en tres meses ahora se demoran hasta años. «Hoy por hoy se están señalando los juicios a más de un año vista, para febrero del año que viene, siempre que no se tramiten por la vía de urgencia», explica la funcionaria.

Y tanta demora al final pasa factura. «Imagínate que tu empresa te ha echado a la calle y te debe 5.000 euros. Si has encontrado trabajo dentro de lo que cabe no pasa nada, pero si estás en el paro ese dinero lo necesitas ahora y no dentro de dos años, porque es ahora cuando no puedes pagar la hipoteca», ejemplifica Casañ. Pero además el caso no se cierra cuando se dicta sentencia, porque en muchas ocasiones se presentan recursos ante el Tribunal Superior de Justicia, que, tal y como están ahora las cosas, cuestan otro año más de media en resolverse.

De hecho, Loli apunta que los acuerdos entre trabajadores y empresas se han incrementado en los últimos meses. «Antes la mayoría de la gente llegaba hasta el final y luchaba porque quedasen restablecidos sus derechos, pero ahora son muchos más los que deciden pactar, porque aunque pierdan dinero o garantías, por lo menos el caso queda resuelto antes», sostiene.

Y pese a que el incremento de las demandas presentadas ha ido creciendo a medida que se ha ido agravando la situación económica, los abogados y funcionarios intuyen que, en muchos casos, la lentitud de justicia hace desistir a los posibles demandantes. Es decir, que existe la creencia de que si las resoluciones se agilizasen serían muchos más 'desprotegidos' los que se animasen a reclamar sus derechos.

No obstante, la situación ha mejorado desde noviembre, cuando fueron destinados a los juzgados de lo Social de Castellón, por seis meses, un juez y un secretario de refuerzo que han hecho posible despachar con más aire los asuntos relacionados con los despidos, que son los que se consideran más urgentes.

Fuente: lasprovincias.es