Sevilla: Sin acuerdo para el servicio común de ejecución de sentencias penales

La Consejería de Justicia y los sindicatos que representan a los funcionarios judiciales -Csif, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ- siguen sin llegar a un acuerdo para la puesta en marcha del servicio común de ejecución de sentencias penales, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para este mes. Los sindicatos y la Consejería mantuvieron una nueva reunión que acabó sin llegar a una solución al conflicto, según explicaron fuentes sindicales, que advirtieron que en estos momentos el distanciamiento entre los planteamientos de la Administración y de los representantes de los funcionarios es bastante grande.


Los sindicatos con representación en Justicia reclaman un aumento de la plantilla con la que se va a crear el nuevo servicio. La Junta pretende que en la experiencia piloto que se desarrollará en Sevilla participen 65 funcionarios que proceden de los 14 juzgados de lo Penal que hay en la capital, pero no tiene prevista una ampliación de la plantilla para el nuevo servicio.

Los sindicatos entienden, por su parte, que el servicio común de ejecutorias no podrá funcionar adecuadamente con esa plantilla y que debería incrementarse.

Uno de los puntos más controvertidos y sobre el que la Junta ha mostrado una reticencia absoluta está en la petición de los sindicatos de que se contemple un complemento económico específico para los funcionarios que pasen a formar parte de este servicio común, al igual que se hizo con los funcionarios destinados en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. El departamento que dirige Begoña Álvarez no está dispuesto a ofrecer esa gratificación a los funcionarios que sean destinados al nuevo servicio que debe agilizar y reducir las más de 11.000 sentencias que están pendientes de ejecutar en los órganos penales de Sevilla.

Un último punto de desacuerdo en las negociaciones entre la Administración y los sindicatos radica en la petición de éstos que se establezcan claramente las funciones del nuevo equipo, el cometido que tendrán que desempeñar los funcionarios, y que se establezca una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Los sindicatos y los representantes de la consejería de Justicia volverán a reunirse, probablemente, a principios de febrero para volver a tratar el asunto. La Junta está dispuesta a poner en marcha el servicio común de ejecutorias aunque no cuente con el acuerdo de los sindicatos.

El secretario general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Pedro Izquierdo, reconoció hace varias semanas que la Junta ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto pero aclaró que no podía fijar una fecha concreta para su puesta en funcionamiento porque, según precisó entonces, para que el proyecto salga adelante es necesario "el consenso de todos los operadores jurídicos", entre los que citó a los jueces, secretarios judiciales y las organizaciones sindicales.

Fuente: diariodesevilla.es