Córdoba: Los juzgados de lo Penal son los más saturados

Los expedientes se amontonan sobre las mesas de los funcionarios y las sentencias se acumulan en los armarios a la espera de ser ejecutadas. Los cuatro juzgados de lo Penal de Córdoba son los que más carga de trabajo soportan en Andalucía en su materia, hasta el punto de que en el último semestre los jueces sobrepasaron en un 49 por ciento la ratio de trabajo estimada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguraron fuentes judiciales. Entre enero y junio, el Juzgado de lo Penal número 1, por ejemplo, dictó 284 sentencias, y hasta el viernes había puesto 323.

Hasta el año pasado, los órganos penales cordobeses ocupaban el segundo lugar en la Comunidad andaluza en carga de trabajo, después de Almería. La creación de un nuevo órgano en esta última ciudad, sin embargo, ha hecho que Córdoba se ponga en cabeza y lidere el ranking de los tribunales más saturados. Tal es la situación que hay magistrados que están señalando vistas orales para abril del próximo año, cuando lo normal sería que se celebraran en un par de meses como muy tarde.

Según la ratio que el CGPJ tiene establecida de casos por magistrado, Córdoba tendría derecho a dos nuevos penales. Los sindicatos de funcionarios y la Junta de Jueces, de hecho, solicitaron al Consejo la creación del quinto órgano penal, aunque la petición cayó en saco roto y todavía no está en la agenda de prioridades.

Mientras tanto, las sentencias se acumulan en los archivos a la espera de ser ejecutadas. Fuentes judiciales aseguraron que, en el último año, algunos órganos han aumentado en un 20 por ciento el número de resoluciones. Y la tendencia es que la estadística siga al alza por el creciente número de casos de violencia de género.

Algunos juzgados han llegado a cronometrar el tiempo invertido en tramitar estas resoluciones: "Un funcionario experimentado tarda más de una hora en incoar cada sentencia de violencia doméstica, porque el papeleo es enorme", explicaron fuentes judiciales. Entre otras gestiones, para que una orden de protección surta efecto, la identidad de la víctima y del agresor deben constar en los archivos policiales y, además, los funcionarios tienen que ponerse en contacto con la Guardia Civil para que sea efectiva la retirada de armas del maltratador.

Fuente: eldiadecordoba.es