Ecuador: Más de un millón de juicios suspendidos

Una radiografía de la justicia ecuatoriana demuestra que el represamiento de las causas en los tribunales es su peor mal. Eso se evidencia en el último informe del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA).

Este es el tercer diagnóstico que realiza CEJA del sistema judicial, no solo de Ecuador sino de 34 de la región. Entre otros factores analizados están la estructura institucional de la Justicia, indicadores de productividad y estadísticas del sistema, volumen y movimiento de causas, tasa de delitos y población penitenciaria.

Las cifras son preocupantes: en el 2006 permanecían represadas en manos de los jueces 1 035 238 causas. La mayoría son casos civiles y penales, seguidos por juicios de niños y adolescentes.

Juan Vargas, director del CEJA, aseguró desde Chile que el estudio pretende presentar los problemas, no las causas, que son una materia pendiente. Sin embargo, Vargas, al realizar una comparación del sistema judicial ecuatoriano con el resto de la región, sostuvo que es “relativamente pequeño”. Como ejemplo, citó el número de jueces por habitantes. En Ecuador, el promedio alcanza los 6,8 jueces por cada 100 000 habitantes, mientras que en Costa Rica -con cuatro millones de habitantes- hay una tasa de 14 jueces por cada 100 000.

Mauro Terán, magistrado de la Corte Suprema, asegura que este problema ya fue analizado y que se preparó un plan para fortalecer financiera, estructural y humanamente la Función Judicial. Una de las propuestas para terminar el déficit de jueces es que el Estado destine el 5 por ciento del presupuesto para la Función. Hoy, no llega ni al dos por ciento (130 millones de dólares).

El Director de CEJA sostiene que el poco dinero que se invierte en Justicia crea los problemas. “El Ecuador invierte 10 dólares por persona para la Justicia, cuando en el resto de países llega a 20”. Las carencias de recursos se hacen evidentes en el área informática. CEJA advierte que en dos años (2004-2006) el número de computadoras se redujo en un 46 por ciento; y de ellas solo el 24 por ciento tiene acceso a Internet.

A esto hay que sumar que el país no cuenta con una Defensoría Pública y que los sistemas para descongestionar el trámite de los juicios, como la mediación, todavía no cuajan en el país.

El siguiente inconveniente es la inestabilidad de la Función Judicial. En el 2005, el país no tuvo durante ocho meses Corte Suprema de Justicia. Actualmente se inició un proceso para cambiar a más de 2000 funcionarios judiciales, incluidos jueces.

Para Vargas y Terán, la asamblea constituyente puede apuntalar un cambio en el sistema de justicia. Sin embargo, hay que planificar qué se quiere cambiar y las prioridades para la nación.

Fuente: El Comercio.com