Los profesionales de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana recurrieron en 1.087 ocasiones al uso del sistema de la videoconferencia implantado por la Generalitat de enero a junio de este año, según informaron fuentes de la Conselleria de Justicia. Del total, en la provincia de Valencia se llevaron acabo 788 prácticas judiciales, 201 en la de Alicante y 98 en la de Castellón. Además, desde 2004, año en que se empleó este novedoso sistema en 565 casos, casi se ha duplicado la utilización de la videoconferencia en los juzgados.
Ante esta evolución, para el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, se pone de manifiesto la "generalización" del uso de este sistema en los órganos judiciales, fundamentada en "las múltiples ventajas" que presenta, tanto para los profesionales como para los ciudadanos.
De Rosa se mostró "muy satisfecho" de que de todas las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia, el Gobierno valenciano fuera el primero de toda España en instalar equipos de videoconferencia porque su "función fundamental" es hacer de la justicia una administración "rápida y ágil". Asimismo, el conseller animó a los profesionales a seguir usando este sistema porque se trata de "una tecnología de vanguardia que permite un mejor aprovechamiento de los recursos, y, lo que es más importante para todos, agiliza la resolución de los procedimientos".
Actualmente, además de en los centros penitenciarios de Picassent, en la provincia de Valencia, y Fontcalent, en el término municipal de Alicante, 17 de los 36 partidos judiciales disponen ya de este sistema de telecomunicaciones. Fernando de Rosa avanzó que, durante esta legislatura, el Consell va a realizar "un ambicioso" plan de expansión hacia el resto de demarcaciones.
El conseller de Justicia ha explicado que, con el empleo de la videoconferencia, los juzgados pueden realizar tomas de declaración y ruedas de reconocimiento sin que testigos o presos tenga que realizar desplazamientos. De Rosa hizo especial hincapié en la utilidad que tiene esta tecnología para los fiscales, ya que pueden participar en un mismo día en distintos juicios y actos que se celebren en sedes distantes, sin moverse de su propia sala de reuniones, "con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero, siempre en aras de conseguir la mayor eficacia, eficiencia y celeridad en la práctica judicial".
Otra de las ventajas que resaltó el titular de Justicia es la que recae directamente en quienes se encuentran en distintos lugares, en particular para aquellos turistas que vienen a la Comunitat Valenciana a pasar sus vacaciones y se ven inmersos en un proceso judicial. "Estas personas no tendrán la necesidad de regresar para que se practiquen las diligencias en las que se requiera su presencia ya que el sistema permite conexiones tanto con el resto del territorio español como con cualquier otro país", precisó.
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas aseguró que la utilización de la videoconferencia tiene "múltiples aplicaciones". Entre ellas, destacó la práctica de declaraciones; las exploraciones a menores que se hallen en un centro de internamiento; los despachos de auxilio judicial, nacional o internacional; informes de médico forense; intervenciones del ministerio fiscal, la defensa o acusación particular; ruedas de reconocimiento de imputados y declaración de internos en centros penitenciarios; comunicaciones entre jueces y fiscales; pruebas urgentes, cuyo aseguramiento impide su suspensión o dilación a momentos posteriores y seguimiento de vistas orales.
El conseller subrayó "las numerosas ventajas" que se desprenden de las citadas utilidades. Así, se refirió a la agilización de la comunicación y, consecuentemente, de la actividad jurisdiccional; la calidad de la comunicación establecida; la autenticidad de la declaración prestada; el aumento de la colaboración ciudadana con la Justicia; seguridad y mayor eficacia, al permitir la práctica de diligencias que sin esta técnica se perderían; menor suspensión de juicios por incomparecencias; comodidad para las partes, testigos, peritos y funcionarios; optimización de los recursos a disposición de los juzgados y tribunales y mejora de la organización del trabajo de los mismos.
Fuente: Panorama-Actual.es
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