Las lagunas de seguridad en las dependencias de los Juzgados asturianos han motivado que la Consejería de Justicia, a cargo de María José Ramos, haya propuesto al Ministerio de Interior la firma de un convenio para que la vigilancia pase a ser ejercida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en segunda actividad o guardias civiles en la reserva. Hasta hace casi un lustro, era la Benemérita la que se encargaba de este servicio, que mermaba los efectivos destinados a otras tareas. Después, la vigilancia se traspasó a empresas privadas. En la comunidad de Madrid, la vigilancia corre a cargo de agentes que han dejado el servicio activo, a cambio de sueldos mayores de los que cobraban. Esta propuesta es lo más destacado de la reunión que mantuvieron la consejera Ramos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, y el director general de Justicia, Manuel Cabaleiro. Se trata del primero de los contactos oficiales entre la consejera Ramos y la judicatura desde su toma de posesión.
Vidau es el que trasladó a la Consejera la necesidad de mejoras en la seguridad, pero Ramos le informó de que ya había remitido una carta al Secretario de Estado de Seguridad en ese sentido. En los Juzgados se han instalado arcos de detección, pero los vigilantes están provistos simplemente de una defensa (una porra), no de armas de fuego, lo que limita de su capacidad de reacción ante una amenaza. Con el concurso de guardias y policías se busca una mayor profesionalidad en la vigilancia. Otro de los factores que hacen urgente un refuerzo de la vigilancia es la reciente ruptura de la tregua de ETA. Esta organización ya ha atacado edificios judiciales en Asturias, como los Juzgados de Gijón, y planeaba hacerlo en los de Santander.
Según indicó la consejera Ramos, el acuerdo que propone con el Ministerio de Interior sería similar al firmado para la creación de la Unidad del Juego o de la Policía Adscrita. «Hace tiempo que somos conscientes de esta necesidad por eso ya nos pusimos en contacto con Interior para tratar de llegar a un acuerdo», manifestó Ramos. En principio, los agentes de la Unidad de Policía Adscrita -el embrión de la Policía Autonómica- no estarán destinados a la vigilancia de los edificios judiciales, pese a ser éstos ya de titularidad regional.
La propuesta de reforzar la vigilancia con agentes en la reserva o segunda actividad no sería mal acogida por los propios funcionarios, siempre que no se resienta la seguridad ciudadana, algo que no tendría por qué ocurrir al utilizarse a funcionarios ya alejados del servicio activo. Otra cuestión distinta, según Alberto García Llana, de la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC), es que las cantidades que se paguen sean atractivas para los agentes.
En el encuentro también se abordaron las necesidades en materia de dotaciones informáticas, así como todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. El presidente del TSJA destacó la «saturación» del Palacio de Justicia, y mostró su confianza en que «en un tiempo razonablemente corto» se solucione el problema.
Además, Ignacio Vidau también mostró su confianza en que el próximo 1 de enero se haga ya efectivo el traspaso a la Administración autonómica de los funcionarios de Justicia, una vez asumida la competencia sobre los medios materiales por parte del Principado. La Consejera indicó que entre los proyectos a llevar a cabo durante esta nueva legislatura se tendrá en cuenta la actualización informática, con el fin de alcanzar una mayor eficacia en el servicio que redunde en beneficio de los ciudadanos.
Fuente: lne.es
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