El Gobierno de Cantabria se está preparando para asumir del Estado, a partir del 1 de enero de 2008, las transferencias en materia de Justicia, las últimas de gran calado que quedan dentro del techo competencial de la comunidad autónoma.El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio el traspaso de competencias en los términos acordados entre las dos administraciones. El proceso incluye 668 puestos de trabajo y 18 inmuebles, con un coste total de 26,4 millones de euros, a los que hay que añadir otros cinco millones en inversiones que se entregarán en los próximos cuatro años.
Según informó el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, desde la firma del acuerdo con el Ministerio de Justicia, el Gobierno cántabro está acelerando las actividades de preparación para la asunción de las competencias.
Así, miembros del Ejecutivo regional y de la Gerencia Territorial del ministerio «están manteniendo sucesivas reuniones con el fin de ultimar los procedimientos administrativos necesarios para asumir las competencias con normalidad y eficacia, sin que se produzca ninguna anomalía».
Entre otras cuestiones, la Consejería de Presidencia y Justicia trabaja actualmente en adecuar todos los trámites de gestión del personal y preparar en detalle las reformas a acometer, familiarizándose con conceptos y gestiones de otra Administración, explicó el consejero.
«Se trata de temas de gestión y funcionamiento, pero de gran interés para el Gobierno de Cantabria, ya que en ello radica en gran medida que cuando se asuman las transferencias no exista ninguna disfunción», apuntó Mediavilla. Para lograrlo, a partir de septiembre el Gobierno de Cantabria procederá a efectuar de forma simulada el pago de las nóminas a los más de 600 nuevos empleados públicos, de forma paralela al ministerio, con el objetivo de que en enero se convierta en un trámite rutinario.
Además, se está diseñando la gestión de las bolsas de empleo de los empleados públicos de la Administración de Justicia, así como la articulación de una normativa que dé cobertura tanto al funcionamiento y gestión del personal, como a las dietas y pagos que se efectúan en este organismo. También se proyecta un plan de formación destinado a los funcionarios.
Dentro de los proyectos de modernización, se trabaja en lo que será la «futura arquitectura informática de Justicia», con renovados ordenadores, servidores más potentes y adecuados a las necesidades actuales. Todo ello, se está realizando en coordinación con el personal de informática de la Administración de Justicia.
El Gobierno de Cantabria está muy interesado en desarrollar la aplicación Lexnet, que acaba de regular el Ministerio de Justicia. Se trata de la implantación efectiva de la administración electrónica en el seno de la Justicia, al crear el registro telemático de escritos y notificaciones entre órganos jurisdiccionales y entre el resto de operadores jurídicos a través de firma electrónica.
El Ejecutivo cántabro está ultimando el diseño de las distintas sedes judiciales a ejecutar próximamente. Entre los primeros proyectos que se acometerán está la construcción de una nueva sede judicial en el Partido Judicial de Torrelavega, concretamente, en la finca de El Carmen, que concentrará todos los órganos jurisdiccionales existentes en la ciudad.
La Consejería de Presidencia y Justicia ya ha decidido, por su idoneidad funcional y beneficios para la zona, destinar el antiguo edificio de Tabacalera en la calle Alta como sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Audiencia Provincial y la Fiscalía, una apuesta del Gobierno autonómico en el proceso negociador de las transferencias. La Administración cántabra prevé con este proyecto liberar un total de 10.000 metros cuadrados para espacios verdes y aparcamiento público.
Fuente: eldiariomontanes.es
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