Tres meses después de que la Consejería de Justicia decidiera retirar el coche oficial de los juzgados de Guardia y restringir el uso de los taxis para reducir gastos se ha producido la primera incidencia destacada. Una comisión judicial tuvo que ser trasladada el pasado viernes en un furgón de la Policía Nacional para proceder al levantamiento de dos cadáveres en la ciudad porque ninguno de los siete taxis habilitados a diario por la Junta -que deben atender además de los juzgados de guardia, al servicio común de notificaciones y embargos, y a la Fiscalía- estaban disponibles.En este caso la comisión judicial estaba compuesta únicamente por el médico forense, dado que la ley permite que cuando se trata de una muerte por causas naturales, el levantamiento puede hacerse en ausencia del juez y del secretario judicial. En el caso concreto del pasado viernes, desde el juzgado de guardia de incidencias se intentó contactar con alguno de los taxis programados pero ninguno atendió el requerimiento. El forense fue finalmente traslado en un furgón de la Policía Nacional para la práctica de los dos levantamientos de sendas personas que habían fallecido por muerte natural.
Fuentes policiales explicaron que el traslado de la comisión judicial en un vehículo policial sólo suele hacer en "caso de emergencia", pero se aconseja no hacerlo porque la responsabilidad en caso de accidente recae sobre el conductor del vehículo, que sólo está facultado para llevar a personas detenidas y la práctica de actuaciones estrictamente policiales.
La delegada provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública, María Francisca Amador, explicó que, si bien no tiene constancia oficial de esta incidencia, su departamento ya ha iniciado las primeras averiguaciones para determinar qué ha ocurrido con la guardia del pasado viernes.
La delegada precisó que hasta ahora no habían tenido ningún problema con los taxis programados. En cuanto al hecho de que el traslado se haya tenido que efectuar en un furgón policial, María Francisca Amador admitió que, aunque no es usual, durante alguna huelga del sector sí que se ha prestado el servicio con la ayuda de la Policía Nacional o de la Local.
En cualquier caso, la responsable de la delegación provincial indicó que su departamento va a investigar por qué no pudo prestarse el servicio con los taxis programados.
La Consejería de Justicia y Administración Pública decidió en septiembre pasado retirar el servicio de coche oficial con conductor de los juzgados de guardia y limitar el uso de taxis para reducir costes -tres millones de euros al año en toda la comunidad-, una decisión que generó indignación entre los funcionarios de Justicia y que provocó que, en el primer día de su implantación, 300 embargos y numerosas actuaciones judiciales tuvieran que suspenderse ante la imposibilidad de proceder a la práctica de estas diligencias.
Fuente: diariodesevilla.es
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