Sevilla: El juez decano critica que la ciudad de la Justicia 'roza el ridículo'

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, en un desayuno informativo organizado en el Club Antares, ha reconocido que "no tiene la más mínima fe" en que la ciudad de la Justicia de Sevilla sea una realidad a "corto o medio plazo" porque no ve una "voluntad política" para construir esta demanda de la ciudad. Ha asegurado que la construcción de la ciudad de la Justicia de Sevilla "empieza a rozar el ridículo más absoluto", ya que el solar de los Remedios ni siquiera se ha transferido como parte de la deuda histórica.


Jiménez Ballester ha destacado que el solar de los Remedios ni siquiera fue demandado por la Junta de Andalucía como parte de la liquidación de la deuda histórica y ha añadido que el millón de euros previsto en los presupuestos de la Junta para 2010 "no da ni para comprar un piso en ese barrio sevillano".

Criticó que "es imposible abrir la Ciudad de la Justicia en Sevilla en 2012 con el presupuesto que le destina la Junta de Andalucía, con el escaso millón de euros presupuestados para 2010", y además propuso la Fabrica de Artillería como posible sede judicial, ya que "no se sabe el destino que darle".

El magistrado lamentó que para el año 2010 "sólo" se destine un millón de euros en los Presupuestos andaluces para la construcción de la Ciudad de la Justicia, que "no cuenta con fecha", al tiempo que matizó que la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, dice que "para 2012 será imposible que esté", por lo que "es un ridículo absoluto", reprochó Jiménez Ballester.

En este sentido, el juez decano admitió que "hay escasez de medios materiales" y el problema de la Justicia en Sevilla es de "especial importancia, no como en otras ciudades andaluzas como Málaga, que cuentan con Ciudad de la Justicia". Por ello, el magistrado afirmó que "no hay fe, ni para el corto ni para el medio plazo para una ciudad que es una demanda y una necesidad para los sevillanos".

Asimismo, Jiménez Ballester calificó las instalaciones del Prado de San Sebastián de "indignas para trabajar los profesionales del Derecho ni para las propias personas privadas de libertad". Además, "después de años se sigue con la misma situación y empeora", subrayó.

Ante la circunstancia, el magistrado apostó por ubicar las instalaciones judiciales a medio plazo en el eje Prado-Buhaira-Viapol, "un emplazamiento muy bien comunicado", aseguró el juez decano, quien desaconsejó la zona del Puerto de Sevilla en vez de Los Gordales, porque "sería más de lo mismo, debido a que dicha ubicación es una solución abandonada y ya fue rechazada".

"La verdad es que los sevillanos pagan la pésima situación de las instalaciones actuales y para el futuro no hay un proyecto político, ni ilusión ni esperanza, además el 'edificio puente' no va a ser una solución por ser de alquiler", lamentó.

Jiménez Ballester afirmó que "sería necesario" crear 37 nuevos órganos judiciales en Sevilla para "resolver los asuntos que ingresan en cada una de las jurisdicciones", mientras que en Andalucía dicha cifra aumentaría a 219 juzgados nuevos, según datos de 2008, porque en 2009 "los pronósticos son peores". El magistrado detalló que "si ahora son 96 órganos los que existen, se tendrían que incrementar en un 33 por ciento". En concreto, son "necesarios" 19 Juzgados de Primera Instancia ordinarios, cuatro de Instrucción y cuatro de lo Penal, además de uno de Familia, uno Contencioso Administrativo, uno Mercantil, uno de Vigilancia Penitenciaria y un Registro Civil.

Del mismo modo, Jiménez Ballester criticó que "la deficitaria situación se ve agravada por la crisis económica y el consiguiente aumento de reclamaciones por impago de deudas, así como por las reformas operadas en el Código Penal contemplando nuevas figuras delictivas delitos", como en el marco de la seguridad de tráfico con "los delitos de conducción sin permiso o bajo los efectos del alcohol, que suponen un incremento de actuaciones judiciales", según matizó el juez decano, quien afirmó que "el 49,62 por ciento de ejecuciones de lo penal se refieren a ello, lo cual dificulta la resolución de otros delitos, como en el caso Mari Luz, donde se señaló como culpables al juez y su secretaria y no se había ejecutado dicha pena".

Al respecto, el magistrado señaló que "esta situación denota que hay una crisis del sistema y una sobrecarga de los juzgados de lo penal", además también "hay escasez de medios personales", de modo que según un estudio de 2008, "en Sevilla hay un déficit del 25 por ciento de funcionarios de carrera, el cual está cubierto por funcionarios interinos, con lo que ello supone en cuanto a formación".

282 PLAZAS NUEVAS DE FUNCIONARIOS

"Ahora las bolsas de funcionarios interinos han desaparecido y estos recurren al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), para después llegar a los juzgados sin conocimientos suficientes", a juicio de Jiménez Ballester, quien explicó que dicho trabajo es "muy técnico y exige conocimiento previo", por lo que "el personal de juzgados tiene que pararse a formar a los nuevos trabajadores".

En este sentido, el magistrado precisó que "hay insuficiente plantilla de funcionarios, por lo que son necesarias 282 plazas nuevas para Sevilla" y en lo que respecta al Servicio Común de Notificaciones y Embargos, "tiene una plantilla idéntica que no ha cambiado desde hace diez años, se crean nuevos órganos, pero no se amplia la plantilla en servicios comunes", informó Jiménez Ballester, que añadió que "se necesita más personal especializado en los juzgados y tribunales, como en el Mercantil o el Familiar".

Al hilo de ello, lamentó que "hay una falta de herramientas informáticas ágiles, interconectadas, eficaces y compatibles, para que no pase lo mismo que pasó con el caso Mari Luz". Además, "hay una defectuosa implantación territorial de la justicia, como demuestra la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que es de la España rural del siglo XIX y no de una España del Siglo XXI, lo que demuestra una mayor dificultad en las comunicaciones", reprochó el juez decano.

SOLUCIONES

Según explicó el magistrado, en 2003, se aprobó la reforma de la nueva oficina judicial que "puede delimitar la intervención de los jueces y exigirles responsabilidades", pero "hasta este año no se han aprobado los instrumentos legales que permiten su implantación y aún no se han hecho relaciones de puestos, si bien es una oficia pensada al margen del juez, lo que puede provocar graves problemas de coordinación", advirtió.

Para Jiménez Ballester, la implantación de dicha oficina "garantizaría crear un número importante de nuevas unidades judiciales y definir y ajustar la carga de trabajo de los órganos judiciales, de modo que en función de la carga se estudiaría cuantos jueces y tribunales hacen falta, aunque no se pueden crear de manera inmediata".

También "permitiría avanzar en la adopción de medidas concretas para la reducción de la litigiosidad, debido a que en los últimos diez años se ha pasado de 6,2 millones de conflictos a 8,9 millones", dijo el juez, al tiempo que insistió en que "con estas medidas se potenciarían los mecanismos de resolución extrajudicial de los conflictos, limitar el acceso a los recursos --porque un juicio de faltas para una reclamación en torno a los 150 euros le cuesta al Estado unos 4.000 euros--, además de generalizar las tasas judiciales, de modo que acceder a un proceso suponga para las partes determinados costes".

En cuanto a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, "se trabaja en un modelo de justicia en el que evitar desequilibrios y desigualdad entre los órganos judiciales y utilizar las nuevas tecnologías, porque con las mismas estructuras y número de funcionarios se pueden optimizar los recursos", según explicó el magistrado.

"UNIR LO SEPARADO"

En conclusión, Jiménez Ballester admitió que "hay un problema en la administración de la Justicia en España, que provoca que los magistrados critiquen la descentralización", porque, a juicio del juez decano, "existe el riesgo de tener 17 poderes judiciales y tenemos ya 13 sistemas informáticos diferentes, a parte de las muchas deficiencias y desigualdades".

Asimismo, "ahora todos los esfuerzos están centrados en unir lo antes separado y es conveniente que sea el Consejo General del Poder Judicial quien reciba todas las competencias para evitar las diferencias entre comunidades", razonó Jiménez Ballester, que elogió al Ministerio de Justicia porque "prometió un aumento del presupuesto para 2010 del 10 por ciento, no como la Junta de Andalucía que apuesta por la congelación del presupuesto destinado a Justicia en 2010 y en Sevilla sólo se crea un órgano judicial de vigilancia penitenciaria", por ello "no hay una apuesta decidida por la Justicia y supone un retraso en Andalucía".


Fuente: elmundo.es , que.es , adn.es