Los sindicatos CEMSATSE, STEC-STAC, SASC, ANPE, SIEP, USO y STAJ, y los delegados independientes de la Junta de Personal y Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria han denunciado la retirada unilateral, “sin ningún tipo de negociación” de las Ayudas de Acción Social.
La secretaria de organización de SIEP, Inmaculada Peña, ha explicado en conferencia de prensa que estos sindicatos que ostentan la representación de un 50 por ciento de los trabajadores de la administración autónoma de Cantabria, exigen al Ejecutivo regional, que en la Ley de Presupuestos para el año 2010, no se suprima la partida correspondiente a las Ayudas de Acción Social.
Estas ayudas, cuyo importe debería rondar los 3,5 millones de euros, son parte del sueldo de los empleados públicos, “no una prebenda o un privilegio”, y se reparten de forma inversamente proporcional al sueldo, percibiendo mayores ayudas quienes menos cobran.
Inmaculada Peña ha criticado al consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, por retirar las ayudas sin negociación y sin informar de ello a los representantes sindicales, incumpliendo un acuerdo que se ha mantenido, sin influir las situaciones de crisis pasadas, desde la creación de la comunidad autónoma, con el compromiso de su mantenimiento por parte del consejero que “consideraba públicamente estas ayudas como un logro social”. Además, ha lamentado la connivencia de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que “tienen mucho que ver con la retirada de las ayudas”, porque su participación en la Concertación Social les hace tener “otras servidumbres”.
El resto de sindicatos piden que se vuelvan a incluir en los presupuestos de 2010 la partida presupuestaria correspondiente, para unas ayudas que consideran “mínimas e irrenunciables” y que se destinan a los gastos de guarderías, hijos con discapacidad y estudios.
Peña ha subrayado que los más de 20.000 empleados públicos del Gobierno de Cantabria, a los que se pretende privar de estas ayudas, también están padeciendo la crisis económica y ha opinado que la decisión adoptada por el gobierno es una “clara discriminación”, ya que los trabajadores de la Administración y del Sector Público no pueden acceder a otras ayudas a las que sólo los trabajadores del sector privado tienen acceso.
Según los sindicatos, hay otro tipo de partidas que se podría retirar para ajustar los presupuestos, como las destinadas a altos cargos, asesorías, invitaciones innecesarias, marketing y publicidad del Gobierno.
Fuente: Alerta
La secretaria de organización de SIEP, Inmaculada Peña, ha explicado en conferencia de prensa que estos sindicatos que ostentan la representación de un 50 por ciento de los trabajadores de la administración autónoma de Cantabria, exigen al Ejecutivo regional, que en la Ley de Presupuestos para el año 2010, no se suprima la partida correspondiente a las Ayudas de Acción Social.
Estas ayudas, cuyo importe debería rondar los 3,5 millones de euros, son parte del sueldo de los empleados públicos, “no una prebenda o un privilegio”, y se reparten de forma inversamente proporcional al sueldo, percibiendo mayores ayudas quienes menos cobran.
Inmaculada Peña ha criticado al consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, por retirar las ayudas sin negociación y sin informar de ello a los representantes sindicales, incumpliendo un acuerdo que se ha mantenido, sin influir las situaciones de crisis pasadas, desde la creación de la comunidad autónoma, con el compromiso de su mantenimiento por parte del consejero que “consideraba públicamente estas ayudas como un logro social”. Además, ha lamentado la connivencia de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que “tienen mucho que ver con la retirada de las ayudas”, porque su participación en la Concertación Social les hace tener “otras servidumbres”.
El resto de sindicatos piden que se vuelvan a incluir en los presupuestos de 2010 la partida presupuestaria correspondiente, para unas ayudas que consideran “mínimas e irrenunciables” y que se destinan a los gastos de guarderías, hijos con discapacidad y estudios.
Peña ha subrayado que los más de 20.000 empleados públicos del Gobierno de Cantabria, a los que se pretende privar de estas ayudas, también están padeciendo la crisis económica y ha opinado que la decisión adoptada por el gobierno es una “clara discriminación”, ya que los trabajadores de la Administración y del Sector Público no pueden acceder a otras ayudas a las que sólo los trabajadores del sector privado tienen acceso.
Según los sindicatos, hay otro tipo de partidas que se podría retirar para ajustar los presupuestos, como las destinadas a altos cargos, asesorías, invitaciones innecesarias, marketing y publicidad del Gobierno.
Fuente: Alerta
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