El Gobierno vasco quiere dar un fuerte impulso a la figura de la mediación familiar a partir de 2010 para reducir el número de divorcios que se resuelven de forma no consensuada en Euskadi, estabilizados en unos 1.600 al año sobre un total de 4.600. Los departamentos de Empleo y Asuntos Sociales y el de Justicia consideran que la apuesta por la resolución pacífica de las rupturas conyugales no sólo beneficia a las parejas y a sus hijos, sino que puede descargar de trabajo los tribunales, que están saturados y han emprendido una profunda reorganización para mejorar su eficacia.La idea de poner más énfasis en la mediación -una herramienta útil para encauzar las querellas entre parientes sin necesidad de litigios judiciales- ha madurado en la consejería de Asuntos Sociales, dirigida por Gemma Zabaleta, al haber recaído esa competencia en la Administración autónoma. A partir de enero próximo, tal como prevé la legislación, el Ejecutivo reordenará los centros que ya existen, dispersos por diferentes municipios de la comunidad, y trabajará principalmente desde tres oficinas radicadas en Bilbao, Vitoria y San Sebastián.
Los planes de Zabaleta pasan por mantener el servicio de mediación que funciona desde hace años en el barrio bilbaíno de Santuchu, al que acudieron 2.400 personas entre enero y agosto pasados y unas 3.500 durante 2008. Asimismo, el departamento se hará cargo del centro municipal de Vitoria, ubicado en el Ayuntamiento y que este año ha concertado 207 citas informativas. Por último abrirá unas dependencias nuevas en San Sebastián.
Las tres oficinas, dotadas como mínimo con un abogado, un psicólogo, un trabajador social y un educador, abarcarán sus respectivos territorios y coexistirán, en principio, con otras que han abierto algunos ayuntamientos, si bien desde 2010 esta materia será una atribución «directa» de la Administración autónoma. El Gobierno vasco ha presupuestado 775.000 euros para este capítulo.
«Queremos que la sociedad conozca la mediación familiar, que está regulada por una ley autonómica de 2008, y que también lo hagan los jueces», explica Alfonso Gurpegui, director de Servicios Sociales, quien subraya que la viceconsejería de Justicia está plenamente implicada en el proyecto. De hecho, ese departamento abrirá una oficina para informar a los ciudadanos de que no hace falta pleitear en los tribunales para zanjar un divorcio de forma civilizada y con un menor coste para los afectados y los contribuyentes.
Colaboración judicial
Según indica Gurpegui, los juzgados de Familia podrían enviar a esa oficina a las parejas que deseen divorciarse para que sopesen si les conviene recurrir a la mediación familiar. Si se inclinaran por esa fórmula, acudirían a los centros del Gobierno vasco, totalmente gratuitos, para negociar de forma voluntaria un convenio que sería supervisado por expertos en resolución de conflictos y que finalmente sería sancionado por el juez. Como es lógico, el éxito de la iniciativa depende del grado de colaboración de los magistrados, de modo que el Ejecutivo va a poner en marcha una campaña informativa en los juzgados.
El Gabinete de Pachi López está decidido a exponer su proyecto también en los colegios de abogados y en los servicios sociales . Entre sus objetivos más inmediatos figura la creación de un registro de mediadores profesionales y la aprobación de un decreto con los requisitos mínimos para desarrollar a esa actividad en Euskadi. Y es que los ciudadanos interesados en la mediación no tendrán por qué acudir forzosamente a los centros gestionados por el Ejecutivo autónomo en las capitales vascas, a los que la legislación impide cobrar honorarios, sino que podrán recurrir a cualquiera de las personas inscritas en el registro.
A medio plazo, la consejería de Asuntos Sociales no descarta subvencionar parcialmente las minutas de esos profesionales. Estudia una fórmula parecida al turno de oficio, en la que los usuarios recibirían una ayuda a condición de que sus ingresos no rebasen unos límites. Todavía no están fijados, pero en principio serían menos estrictos que aplicados en la Justicia gratuita: dos veces el salario mínimo interprofesional, que asciende a 624 euros en catorce pagas.
El Gobierno vasco cree que la reforma de la Ley de Divorcio, que introdujo la custodia compartida, ofrece posibilidades para las rupturas matrimoniales consensuadas. No obstante, esa figura aparece en un número reducido de los convenios supervisados hasta ahora por los servicios de mediación. «De forma anecdótica, alguno de eso convenios contempla que sea el menor quien ocupe el piso, mientras el padre y la madre se van rotando», relata Alfonso Gurpegui.
Los procesos de mediación se suelen componer de una serie de sesiones que duran algunos meses, si bien se actúa con flexibilidad, dependiendo de las parejas. Tras una fase explicativa, se emprende la negociación del acuerdo, en la que los hijos suelen ser escuchados.
Fuente: elcorreodigital.com
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