Baleares: El traspaso de Justicia se podría retrasar

El Ministerio prevé que la transferencia sea efectiva en 2010 aunque se puede demorar en caso de que el Govern no comparta las condiciones económicas en las que se lleve a cabo el traspaso. El conseller de Presidencia, Albert Moragues, achacó el retraso en el traspaso de las competencias de justicia a Baleares por parte del Ejecutivo central al "conflicto interno" que mantiene el Ministerio y los jueces, así como al "importante problema presupuestario" que padece este departamento dirigido por Francisco Caamaño.


En una rueda de prensa, Moragues admitió que desconoce cuándo se producirá la transferencia de estas competencias, teniendo en cuenta que Caamaño aún no ha respondido al informe que el Govern le envió el pasado mes de mayo en el que se cifraba en 121 millones de euros la construcción de siete nuevos edificios judiciales en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciutadella e Ibiza (96,5 millones) y la reforma de tres inmuebles en Palma y uno en Mahón (24,4 millones) para responder a las necesidades actuales y de crecimiento de la planta judicial en un plazo de entre 20 y 25 años.

"Supongo que el Ministerio nos avisará para retornar las negociaciones", indicó el conseller, quien recordó que el departamento dirigido por Caamaño prevé que la transferencia de las competencias de justicia a Baleares sea efectiva en 2010, aunque se puede retrasar, en caso de que el Govern no comparta las condiciones económicas en las que se lleve a cabo el traspaso.

De momento, Moragues consideró "importante" el compromiso del Ejecutivo central de destinar en los próximos tres años un total de 600 millones de euros para mejorar todas las estructuras judiciales del Estado, desde el punto de vista informático y de medios, lo que, a su juicio, contribuirá a "facilitar" la resolución de los "dos grandes problemas" del Ministerio, en referencia a la falta de presupuesto y al "conflicto aún no resuelto" que mantiene con las asociaciones de jueces, que reclaman más medios al Gobierno.

En este sentido, auguró que si el Ministerio resuelve "rápidamente" las diferencias que mantiene con los jueces y fiscales, "a lo mejor supone una aceleración" en las negociaciones del traspaso de competencias de justicia a Baleares "y podemos acabar el año con esta transferencia".

Informe sin respuesta

Tras presentar en mayo el citado informe, que aún no ha tenido respuesta por parte del Ministerio y en el que se evalúan las inversiones que se deben llevar a cabo en los edificios adscritos a la Administración de Justicia de Baleares, Moragues precisó que el Govern no exige al Ejecutivo central que destine a Baleares 121 millones de euros, sino que reclama la propiedad de los edificios existentes, con el fin de que pueda vender algunos de ellos, de cara a financiar las obras.

No obstante, apuntó que sí será una "condición sine quanon" que el Ejecutivo central pague íntegramente la construcción del nuevo edificio de Ibiza, ya que, en caso contrario, advirtió de que no se aceptará la transferencia.

Asimismo, añadió que actualmente, el Ministerio de Justicia cifra en 55 millones de euros anuales el coste efectivo de la transferencia de la competencia a Baleares, cantidad que, a su juicio, es "insuficiente e inaceptable" y, por tanto, señaló que se deberá renegociar. Por otra parte, apuntó que el Gobierno central no sólo deberá pagar el nuevo edificio de Ibiza, sino también el de Mahón y el de Ciutadella, mientras que también se está negociando que sufrague el de Manacor.

Por otro lado, el objetivo del Govern es reducir los 26 inmuebles judiciales actuales de Baleares a 13, aunque esto supondrá incrementar el número de metros cuadrados de los 54.000 actuales a casi 93.000.

Concretamente, el estudio plantea construir en Palma un nuevo edificio de la Audiencia Provincial y de Jurisdicción Penal, para lo cual se destinarían 8,7 y 37,1 millones de euros, respectivamente.

Asimismo, propone construir un nuevo edificio judicial en Manacor (10 millones), Inca (10 millones), Mahón, donde también se reformaría el edificio existente (7,9 millones), Ciutadella (5,9 millones) e Ibiza (16,8 millones).

Además, propone reformar el Palacio de Justicia de Palma como sede del TSJB (9,6 millones de euros), los juzgados de Vía Alemania (14,6 millones) y el Instituto de Medicina Legal (88.058 euros). Moragues remarcó que otra de las novedades será reducir de 15 edificios en alquiler a un único inmueble, que sería el de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.

Mediante estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico no sólo pretende mejorar los 25 Juzgados de lo Penal existentes en Palma, sino que se reservarán espacios para 12 juzgados más. Asimismo, se reservarán cuatro juzgados en Manacor; cuatro en Inca; tres en Mahón; tres en Ciutadella y 6 en Ibiza.

Fuente: diariodeibiza.es