El Servicio Común de Notificaciones y Embargos, un órgano dependiente del decanato y que presta servicio a todos los órganos judiciales de Sevilla, suspendió ayer, en un solo día, 300 embargos y numerosas actuaciones judiciales ante la imposibilidad de proceder a la práctica de estas diligencias por no disponer de taxis. La decisión de la Consejería de Justicia y Administración Pública de retirar el coche oficial para los juzgados de guardia y restringir la utilización de los taxis provocó las primeras incidencias en la prestación del servicio público.El servicio común informó ayer a la secretaria coordinadora provincial de esta incidencia en el servicio y precisó que debido a la falta de taxis ayer se vieron obligados a suspender todos los embargos y lanzamientos -expulsión forzosa de un inquilino que ha sido deshauciado- previstos para este día. En concreto, quedaron sin realizarse 287 embargos y 31 lanzamientos, sí como un número elevado de citaciones.
La secretaria coordinadora provincial, Ana María Jiménez, comunicó lo ocurrido tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como al presidente de la Audiencia de Sevilla y a los decanos de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, es decir, a todas aquellas instituciones que pueden verse afectadas por una incidencia en el funcionamiento del Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
Al final y después de realizar varias consultas, los funcionarios procedieron a practicar las actuaciones en las zonas más próximas al edificio Viapol -donde se ubica el servicio común-. El resultado fue que sólo pudieron practicarse entre tres y cinco diligencias frente a las 15-20 que se hacían a diario antes del recorte.
Según las mismas fuentes, la delegación de Justicia procedió a entregar ayer unos 60 bonobuses de transporte público para los traslados de los funcionarios.
La decisión de la Consejería quedó plasmada en la instrucción 2/2009, que establece que, a partir de ahora, los desplazamientos de funcionarios de la Administración de Justicia se efectuarán "en medio de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio".
La medida se completa con la retirada del coche oficial que tradicionalmente estaba a disposición de los juzgados de Guardia de la capital para la práctica de las diligencias urgentes, como los levantamientos de cadáveres o los registros domiciliarios que ordena el juez. La Consejería de Justicia sostiene que, en ningún caso las restricciones afectarán a los levantamiento de cadáveres, que requieren una actuación urgente.
La medida pretende reducir el importante gasto que genera el uso de taxis para las actuaciones judiciales y que, el departamento que dirige Begoña Álvarez, cifra en unos tres millones de euros al año en toda la comunidad autónoma.
La Junta argumenta que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública "debe coligarse con la eficacia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales".
La decisión de la Consejería ha provocado ya los primeros incidentes, con la suspensión ayer de las 300 actuaciones por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, y las críticas de los sindicatos de Justicia.
Fuente: diariodesevilla.es
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